El Gobierno porteño recupera espacio público ocupado ilegalmente y desata críticas el GCBA informó sobre un Operativo en Parque Saavedra que genera controversia entre vecinos y autoridades
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un operativo para desalojar y demoler una construcción ilegal en un sector del Parque Saavedra, ubicado sobre Av. García del Río, entre Conde y General Ramón Freire. La estructura, que funcionaba como una especie de “Centro de Jubilados” sin habilitación oficial, fue removida en una intervención coordinada por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana con apoyo de la Policía de la Ciudad.
Según las autoridades, la construcción de mampostería acompañada por una cancha de bochas no contaba con permisos y su uso real era irregular. Durante meses, vecinos denunciaron episodios de violencia, peleas y amenazas vinculadas al lugar, además de intentos de avanzar con obras sin autorización. En respuesta, la Ciudad realizó una intimación formal a fines de 2024 y finalmente ejecutó el desalojo y demolición, retirando siete camiones de escombros sin incidentes.
Sin embargo, la medida no estuvo exenta de polémica. Algunos vecinos expresaron su preocupación por la pérdida de un espacio que, aunque irregular, funcionaba como punto de encuentro para adultos mayores. Se convocaron reuniones y pedidos de informes para cuestionar la forma en que se llevó a cabo el operativo y exigir alternativas para garantizar espacios de recreación y socialización en el barrio.
El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, defendió la intervención afirmando que “el espacio público debe ser compartido y respetado por todos” y que no se permitirá la ocupación permanente que afecte la convivencia vecinal. “El espacio público es de todos y no puede ser tomado para usos particulares”, remarcó, subrayando que la acción forma parte de una política sostenida para ordenar y proteger estos lugares.
Los problemas del espacio en Parque Saavedra pone en evidencia el complejo equilibrio entre la defensa del espacio público y las necesidades sociales de la comunidad. Mientras el Gobierno insiste en la importancia de preservar y ordenar las áreas verdes para el uso común, la polémica refleja la demanda de soluciones integrales que contemplen tanto la legalidad como la inclusión social.
