El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió reactivar, con cambios en su diseño original, la construcción de la Alcaidía Central, un complejo de detención transitoria que funcionará en Villa Soldati y que en la zona ya es mencionado como una “mini cárcel”. El proyecto, considerado clave para descomprimir la sobrepoblación de detenidos en comisarías porteñas, se levantará en un predio ubicado sobre la avenida 27 de Febrero 7151, a la altura del cruce con la Autopista Cámpora, en el extremo sur de la Ciudad.
La iniciativa había quedado en pausa a comienzos de 2025, luego de que el Ejecutivo porteño anunciara que, gracias a nuevos acuerdos con el Gobierno nacional, se revisarían las prioridades en materia de infraestructura de seguridad y alojamiento de personas privadas de la libertad. En ese contexto, la obra fue presentada como “suspendida”, lo que generó la sensación de que el proyecto podía archivarse definitivamente.
Sin embargo, en diciembre la gestión de Jorge Macri dio un giro y comunicó que el plan se retomará, aunque con una configuración distinta a la prevista en los primeros pliegos. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño, donde se formaliza la contratación directa de la obra de infraestructura necesaria para el funcionamiento de una alcaidía no penitenciaria sobre la traza de la avenida 27 de Febrero.
La nueva Alcaidía Central está pensada como un centro de detención de paso, donde las personas quedarán alojadas mientras se resuelven traslados, declaraciones y trámites judiciales, y no como una cárcel de cumplimiento de pena. Para acelerar los tiempos de construcción y reducir costos, el diseño prevé el uso de estructuras modulares y contenedores adaptados como celdas, oficinas y espacios comunes, una solución que ya se ha utilizado en otras jurisdicciones pero que genera debate por sus condiciones de habitabilidad.
Según el proyecto, el complejo funcionará como una pieza intermedia dentro del sistema de seguridad porteño: concentrará detenidos que hoy se encuentran distribuidos en comisarías y alcaidías menores, con la promesa oficial de liberar espacios en las seccionales para que puedan recuperar su rol de atención al vecino y tareas de prevención del delito. Organismos de derechos humanos y especialistas, en cambio, advierten sobre el riesgo de consolidar un dispositivo “exprés” que reproduzca lógicas carcelarias en instalaciones precarias.
El terreno elegido abarca unas 4 hectáreas, equivalentes a 40.000 metros cuadrados, y se encuentra en una franja considerada estratégica por su relativo aislamiento del tejido residencial. El predio está ubicado detrás del Parque Roca y del Centro de Logística de Camiones, muy cerca del Riachuelo y de otros usos industriales y logísticos, lo que para el Gobierno minimiza el impacto visual y social de la obra.
Según los documentos oficiales, uno de los argumentos centrales para seleccionar ese punto de Villa Soldati es que las viviendas más cercanas del lado porteño se ubican a unos 600 metros, distancia que, sostienen, reduce posibles conflictos con frentistas y comunidades barriales. De todos modos, organizaciones vecinales del sur vienen reclamando mayor información pública y participación en las decisiones que transforman un área históricamente utilizada para concentrar basurales, grandes infraestructuras y equipamientos no deseados.
La reactivación de la Alcaidía Central se da en medio de un fuerte debate sobre seguridad, hacinamiento y condiciones de detención en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras el Ejecutivo la exhibe como una respuesta concreta a la crisis de sobrepoblación en comisarías y calabozos, sectores académicos y sociales insisten en que cualquier nueva infraestructura de encierro debe estar sujeta a estándares estrictos de derechos humanos, control judicial y supervisión independiente.
La decisión de levantar una “mini cárcel” modular en Villa Soldati vuelve a poner al sur porteño en el centro de la discusión: un territorio donde ya conviven grandes obras viales, centros deportivos, depósitos y ahora un complejo de detención, y donde muchos vecinos reclaman que, junto a la infraestructura de seguridad, lleguen también políticas de integración urbana, trabajo y servicios que equilibren la histórica desigualdad Norte‑Sur en la Ciudad.
