La Iglesia Católica porteña eleva su voz contra el homicidio de Gabriel González, el vecino de Villa Lugano abatido por policías el 25 de diciembre de 2025, en un caso que sacude los barrios populares y cuestiona la violencia institucional. Firmada por referentes como el presbítero Gabriel González Pérez y sacerdotes de la zona sur, la declaración denuncia los brutales ajustes de vía en las villas de Buenos Aires, exigiendo justicia y prevención del delito.
El texto, titulado “Acercándonos a la muerte violenta”, describe cómo se suceden las tragedias en espacios de segregación social, con casos que parten de denuncias vecinales y terminan en desenlaces fatales a manos de la fuerza pública. “Los asesinatos alevosos de vecinos en las villas de Buenos Aires se inscriben en un entramado de violencia que parte de la Policía de la Ciudad”, reza el documento, aludiendo al gatillo fácil que cercena vidas en contextos de pobreza.
Gabriel González, de 45 años, padre de dos hijos y trabajador del barrio 20, perdió la vida durante un operativo de la Unidad Táctica de Pacificación (UTP) en la intersección de Chilavert y Araujo. Videos virales capturaron el momento: efectivos arremetiendo contra el hombre desarmado, descalzo y sin remera, hasta que un disparo a quemarropa lo derribó, causándole hemorragia interna por proyectil en tórax y abdomen, según la autopsia preliminar. Su pareja, Nely, resultó herida en una pierna y quedó detenida inicialmente en el Hospital Grierson.
Sacerdotes como Pbro. Gabriel González Pérez, y otros clérigos de parroquias locales, firman el repudio que vincula el suceso a estructuras de exclusión: falta de oportunidades laborales, educativos y recreativos en la Comuna 8. “No podemos seguir normalizando estas estructuras que cercenan la vida”, advierten, llamando a corregir fallas de inteligencia policial y a no segmentar la sociedad en “ciudadanos de primera y segunda”.
El pronunciamiento urge reformas profundas: identificar y juzgar a los responsables policiales, investigar encubrimientos y asumir obligaciones políticas del Gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri. Legisladores de Unión por la Patria, como La Blunda y Pokoik, respaldan el mensaje eclesiástico, demandando el pase a disponibilidad de los involucrados. Organismos como Correpi y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense también condenan el hecho como patrón de represión en barrios populares.
Este asesinato, ocurrido justo post-Navidad, reaviva el debate sobre la letalidad de la Policía porteña, la más mortífera del país según datos recientes. La familia de González denuncia un “fusilamiento” y exige celeridad judicial, mientras la UTP –irónicamente bautizada “Pacificación”– enfrenta escrutinio por su doctrina de confrontación.
La Iglesia, fiel a su rol pastoral en las periferias, posiciona el caso como llamado a la convivencia pacífica y al respeto por la dignidad humana, en un radio urbano donde la violencia policial erosiona la confianza comunitaria. El documento circula en redes y parroquias, sumando adhesiones de la Arquidiócesis y movimientos sociales.
