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En un lapso inferior a dos semanas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, tomó la decisión de vetar, de manera total o parcial, cuatro leyes que habían sido recientemente aprobadas por la Legislatura porteña. Estas normas estaban directamente relacionadas con áreas especialmente sensibles, como la niñez, la adolescencia, la salud mental y la coordinación metropolitana.
Las resoluciones se formalizaron mediante decretos del Poder Ejecutivo, modificando así el contenido de leyes votadas entre finales de noviembre y principios de diciembre.
El primer veto fue total y recayó sobre una ley que buscaba crear nuevos canales de comunicación directa entre el Estado porteño y los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El proyecto planteaba la instalación de “Puntos de Encuentro Seguros”: espacios cerrados equipados con dispositivos táctiles accesibles a edades tempranas. A través de ellos, los menores podrían comunicarse directamente con la Línea 102, gestionada por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo que también sería la autoridad de aplicación. El objetivo era reforzar la detección temprana de situaciones de riesgo, pero el Poder Ejecutivo decidió impedir su entrada en vigor.
El segundo veto fue parcial y afectó artículos centrales de la ley que disponía la realización de un estudio epidemiológico extraordinario sobre salud mental en todo el territorio porteño. El relevamiento incluía información actualizada sobre padecimientos en la población adulta, infancias y adolescencias, con especial énfasis en el contexto pospandemia. Además, la norma proponía integrar al análisis factores sociales, económicos, políticos y culturales. Sin embargo, varios de estos aspectos quedaron excluidos como consecuencia del decreto del Ejecutivo.
El tercer veto parcial impactó en una ley de amplio alcance, destinada a establecer estándares de calidad del cuidado en hogares para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, tanto públicos como privados. Jorge Macri vetó los artículos 8°, 9°, 10, 11, 13, 28, 29, 30, 32 y 33 del proyecto de Ley 6.900, aprobado el 27 de noviembre de 2025. Los artículos suprimidos comprendían funciones clave de la autoridad de aplicación, modificaciones en los Códigos de Habilitaciones y Edificación, pautas de personal, condiciones de seguridad, acceso a sistemas de información como el LUNNA y disposiciones presupuestarias. El texto definitivo quedó así sin varios de los compromisos regulatorios y operativos más exigentes para el Gobierno porteño.
La ley había sido concebida como un marco integral sustentado en principios como el interés superior del niño, la autonomía progresiva, la no discriminación y la participación. Incluía lineamientos exhaustivos sobre salud, educación, alimentación, identidad, vínculos familiares, formación de cuidadores, condiciones edilicias y mecanismos de supervisión. Tras el veto, parte de ese entramado normativo se redujo significativamente.
Días antes, se sumó el veto parcial a la Ley 6859, que tenía como finalidad profundizar el enfoque metropolitano en las políticas públicas. Si bien el Ejecutivo mantuvo la mayor parte de la ley, eliminó el artículo que creaba el Consejo Consultivo Metropolitano, un órgano honorario de participación ciudadana. Esta norma, sancionada el 27 de noviembre y enviada al Ejecutivo el 11 de diciembre, buscaba fortalecer la coordinación con la Provincia de Buenos Aires y los municipios de la Región Metropolitana (RMBA) en materia ambiental, de movilidad, planificación y gestión.
El decreto publicado el 30 de diciembre argumentó que la creación del Consejo Consultivo Metropolitano generaría una superposición con estructuras ya existentes y que, pese a su carácter honorario, podría significar un gasto innecesario de recursos humanos y materiales. Asimismo, sostuvo que la Ciudad ya dispone de áreas encargadas de la participación ciudadana, gobierno abierto, planificación y coordinación interjurisdiccional, por lo que una nueva instancia consultiva resultaba, a juicio del Ejecutivo, innecesaria. Además, advirtió que el nuevo órgano podría fragmentar los canales de participación y disminuir la incidencia real de la ciudadanía, en contradicción con los principios de eficiencia administrativa y uso racional de los recursos.
En síntesis, en menos de dos semanas, el Ejecutivo porteño intervino en cuatro leyes aprobadas por la Legislatura, generando un impacto directo en políticas sociales, sanitarias y de gobernanza regional. Estas decisiones abren un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Ejecutivo y los legisladores en la Ciudad de Buenos Aires.
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