El Gobierno impulsa una nueva ley de financiamiento universitario en un intento por cerrar el conflicto abierto con las universidades nacionales, luego de haber incumplido la norma aprobada por el Congreso el año pasado y ratificada tras el veto presidencial. La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados y comenzará a debatirse en marzo, en un contexto de tensión política y judicial por la falta de ejecución de la ley vigente.
El proyecto oficial no deroga la norma aprobada en 2025, pero la modifica con el objetivo de desactivar las acciones judiciales iniciadas por las universidades. El conflicto se mantiene abierto porque el Poder Ejecutivo no aplica el esquema de financiamiento establecido por el Congreso y busca reemplazarlo por una versión que reduce los compromisos presupuestarios y salariales fijados en la ley actual.
Alcance del financiamiento propuesto
La propuesta oficial contempla una recomposición presupuestaria para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y programas de ciencia y técnica. Para estos rubros, el proyecto establece que los aumentos solo se activarán si la inflación anual supera el 14,3% o 14,5%, porcentaje previsto en el presupuesto. Además, incorpora una partida adicional de alrededor de 80 mil millones de pesos destinada al sistema de salud universitario, un punto que no figura en la norma vigente.
A diferencia de la ley aprobada por el Congreso, la iniciativa del Gobierno no prevé una recomposición de los fondos afectados por la inflación en 2024 y 2025. La actualización presupuestaria queda limitada a un esquema condicionado al resultado de la inflación anual, lo que deja sin cobertura la pérdida acumulada en los últimos dos años.
Salarios y negociación colectiva
En materia salarial, el proyecto propone reconocer parcialmente la pérdida de poder adquisitivo, pero solo la correspondiente a 2025. El esquema prevé aumentos escalonados del 4,1% en marzo, julio y septiembre de este año para docentes y no docentes, calculados sobre los salarios vigentes a fines de 2025. La propuesta no contempla compensaciones por la pérdida salarial de 2024.
El texto establece la convocatoria a negociaciones paritarias cada tres meses durante este año, aunque no obliga a que los salarios se actualicen automáticamente en función de la inflación, como sí lo hace la ley actualmente vigente.
Rechazo del sistema universitario
Rectores, gremios docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles se presentan en la Cámara de Diputados para expresar su rechazo al proyecto oficial. El planteo central es que la iniciativa intenta reemplazar una ley que ya fue sancionada por el Congreso y que el Poder Ejecutivo no cumple. En ese marco, el sistema universitario mantiene el reclamo judicial para que se ejecute la norma vigente y advierte que la nueva propuesta no resuelve el problema de fondo del financiamiento.
Las universidades consideran que la oferta presupuestaria resulta insuficiente para sostener el funcionamiento de las casas de estudio, el sistema de salud universitario y las actividades de investigación y desarrollo. También cuestionan que la propuesta deje fuera la recomposición de las pérdidas acumuladas en los últimos dos años.
Escenario político y legislativo
El Gobierno apuesta a avanzar con el nuevo proyecto en el Congreso para cerrar el frente de conflicto judicial y político que se abrió tras el incumplimiento de la ley sancionada en 2025. La iniciativa se presenta en un escenario parlamentario distinto al del año pasado, con mayores márgenes de negociación para el oficialismo.
Mientras el Ejecutivo busca un acuerdo que le permita establecer un nuevo marco legal de financiamiento, el sistema universitario insiste en que cualquier discusión debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente. La disputa se traslada así al Congreso, donde se definirá si el nuevo esquema reemplaza al aprobado el año pasado o si se fuerza al Gobierno a aplicar la norma que hoy continúa sin ejecutarse.
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