Un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto bajo la lupa la gestión ambiental de los recursos hídricos porteños, revelando fallas estructurales en el monitoreo y seguimiento de la calidad del agua durante el último año. El documento expone que la Agencia de Protección Ambiental no solo carece de un inventario propio de los cuerpos de agua que debe proteger, sino que además arrastra un preocupante déficit en las acciones de remediación y control de sustancias contaminantes.
El Auditor info, detalla que la controversia comenzó con un incumplimiento legal directo: la falta de un registro total de las cuencas, una obligación establecida por la Ley de Gestión Ambiental del Agua. Ante el señalamiento de los auditores, el organismo se deslindó de la responsabilidad argumentando que dicha tarea no figura entre sus misiones asignadas y que depende de la información suministrada por el Sistema Pluvial. Sin embargo, esta falta de datos centralizados dificulta la vigilancia de un patrimonio hídrico vasto que incluye desde los ríos de la Plata y Riachuelo hasta trece arroyos, nueve lagos urbanos y la laguna de la Reserva Ecológica.
El diagnóstico sobre la calidad del agua es igualmente inquietante. La Auditoría calificó los procesos de monitoreo como «parciales», ya que no se actúa sobre la totalidad del recurso hídrico de dominio público. Al analizar los componentes químicos, se detectó que, de 54 sustancias investigadas, 15 ni siquiera cuentan con valores de referencia regulados, lo que impide determinar si su presencia es peligrosa o admisible. Esta orfandad normativa se traduce en números rojos para la salud ambiental: el Lago Lugano encabeza la lista de contaminación con más del 28% de sus parámetros excedidos, seguido de cerca por los arroyos Cildañez y Ugarteche.
La encrucijada institucional se vuelve más compleja al observar las respuestas internas de la Agencia. Mientras la ley la obliga a intervenir en proyectos que afecten el agua y a ejecutar acciones de mejora, el área de Control Ambiental respondió formalmente que el saneamiento no forma parte de sus funciones. A este vacío operativo se suma la ausencia de participación ciudadana, un requisito legal que la Agencia omitió sistemáticamente, dejando a los vecinos y actores interesados fuera del proceso de fijación de estándares de calidad para el agua que circula por la Ciudad.
Tras la publicación del informe de la Auditoría General (AGCBA), quedan interrogantes críticos sobre quién protege realmente nuestras cuencas:
¿Cómo se podrían diseñar políticas de preservación eficientes si dependen exclusivamente de los datos que les envía el Sistema Pluvial y no cuentan con un registro propio y actualizado?
¿Quién es el responsable operativo de limpiar hoy el Lago Lugano o el Arroyo Cildañez?
¿Por qué la Agencia no realiza tareas de investigación y desarrollo para regular estas sustancias y garantizar que el agua que circula por las comunas sea segura?
¿Qué medidas de emergencia se han tomado en la Comuna 8 tras conocerse estos porcentajes, considerando que son los más altos de toda la red hídrica porteña?
¿Por qué se ha excluido a las organizaciones vecinales y a los especialistas de estas decisiones técnicas que afectan directamente la salud pública y el ecosistema urbano?
