El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con un plan de ordenamiento de la Villa 31 “para reforzar la seguridad y frenar el crecimiento sin control”. Sumaron operativos en los accesos con retenes policiales y peatonalización de calles para evitar que entren materiales de la construcción y frenar así que se siga construyendo. A su vez cerraron los corralones que había porque sostienen que operaban por fuera de la ley.
Vienen realizando fiscalizaciones de las construcciones, desalojo de unidades y terrenos usurpados y además reforzando la seguridad como parte del plan para “fortalecer la integración y garantizar que la ciudad sea una sola: con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan los vecinos”.
El plan de ordenamiento es un conjunto de intervenciones coordinadas por la Jefatura de Gabinete y los ministerio de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat y la secretaria Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad.
El mismísimo jefe de Gobierno, Jorge Macri, lo expresó del siguiente modo: “Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la ciudad”.
Cuentan también que a partir del “plan de Control de Accesos”, cinco de las trece entradas por donde ingresaban vehículos se convirtieron en calles peatonales, “tres pasarán a tener puestos permanentes de la Policía de la Ciudad, y se suman a otros tres que ya existían; dos calles se convirtieron en contramano, se colocaron bolardos y también habrá controles itinerantes y rotativos de fiscalización para reforzar la seguridad”.
Ayer realizaron un operativo especial con retenes y controles policiales en distintos accesos como Colibrí y Ramos Mejía (al lado de estación de Ómnibus de Retiro), en Yaguareté e Islas Galápagos (cerca del Paseo del Bajo y del Ministerio de Educación de la Ciudad), y en Colibrí y Alberto Chejolán (ex calle 14, vecina al Barrio Saldías).
Sostienen de la actual gestión que “la urbanización de la Villa 31, tal como estaba diseñada desde 2016, no pudo evitar un crecimiento urbano sin control ni logró propiciar un ordenamiento territorial, que eran objetivos de la Ley 6.129”. Por dicha razón es que decidieron avanzar con las medidas para regularizar la situación.
La primera gran acción de actual gestión en la Villa 31 fue la erradicación de la «feria ilegal» de la calle Perette, “donde se vendían cosas robadas”. A partir del plan de ordenamiento, hace un mes aumentaron los operativos contra las ocupaciones: “se despejaron veredas tapadas por chatarra y que eran usadas como depósitos improvisados por cartoneros o como patios de las casas; también se removió un lavadero de autos que obstruía la calle sobre un sector peatonal y fue desalojada una gomería montada en un micro en desuso en plena vereda”. También allanaron y desmantelaron un bunker narco.
La 31, ubicada en el corazón de la ciudad, frente a Retiro, ocupa 72 hectáreas donde viven alrededor de 45 mil personas en condiciones precarias. Con el tiempo muchos sostienen que se convirtió en un ámbito propicio para la especulación y los negocios ilegales. Hasta se ha hecho venta de “espacios aéreos” como los techos de las casas. Un alquiler de una vivienda oscila entre $300 mil y 1 millón de pesos mensuales y los locales comerciales son más caros: entre 1,5 y 1,8 millones por mes. De este modo quienes lucran con la informalidad se vienen aprovechando de personas que necesitan alquilar y no logran cumplir con los requerimientos que piden las inmobiliarias en otros barrios.
