El legislador porteño de Republicanos Unidos Yamil Santoro presentó un proyecto de Ley para no sancionar a quienes no hayan ido a votar el 18 de mayo en las elecciones legislativas porteñas. La concurrencia en dicha jornada fue del 53%, con un ausentismo récord.
“Amnistíase a todos/as aquellos/as electores/as que no hayan emitido su voto en las elecciones locales que se efectuaron el 18 de mayo de 2025, extinguiéndose las sanciones previstas en el artículo 259 del Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Anexo A de la Ley Nº 6031 (texto consolidado por Ley Nº 6764)”, planteó el legislador.
“En dicho acto electoral, la participación ciudadana alcanzó apenas el 53,35% del padrón, es decir, votaron alrededor de 1.647.400 personas de un total de 3.088.750 electores habilitados. Esta baja concurrencia se explica, en parte, por la escasa comunicación institucional sobre la obligatoriedad del voto y las consecuencias legales por no cumplir con ese deber cívico”, plantea el texto de Santoro.
“El artículo 259 del Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que “el/la elector/a que dejare injustificadamente de emitir su voto será sancionado/a con multa de cien (100) a trescientas (300) Unidades Fijas o uno (1) a tres (3) días de trabajo de utilidad pública.” A la fecha, el valor de la Unidad Fija (UF) asciende a $731,62 en la Ciudad, lo que implica que la sanción económica por no votar puede oscilar entre $73.162 y $219.486. Si bien el voto es obligatorio, y la ley debe cumplirse, también resulta necesario considerar el contexto particular de las elecciones del 18 de mayo de 2025”, agrega.
“Ahora bien, no podemos soslayar que un ausentismo del 46,65%, por su magnitud, revela la necesidad de que nuestras instituciones extremen su sensibilidad para conectar con un amplio sector de la ciudadanía que se encuentra afectada por la apatía o la falta de confianza en nuestro sistema institucional. Y, en ese sentido, para facilitar el restablecimiento de este vínculo cívico, resulta contraproducente la aplicación de sanciones a quienes debemos revincular con el sistema. Consideramos que sancionar económicamente —con montos de hasta $220.000— a quienes no asistieron a votar sin haber sido adecuadamente informados, implicaría una medida sorpresiva, desproporcionada y contraproducente. Podría debilitar el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, generando malestar innecesario ante un escenario evitable”, manifestó.
Juan Castro
