La noticia política de la semana fue que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó el recurso de la defensa de la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la condena del Tribunal Oral Federal N° 2 de 2022 que la había condenado a seis años de prisión y la inhabilitaba en forma perpetua a ejercer cargos públicos al encontrarla culpable de administración fraudulenta en la llamada Causa Vialidad.
En distintos sectores políticos, desde el Partido Justicialista hasta fuerzas de izquierda, señalaron que el fallo estaba amañando políticamente y tenía falencias técnicas. Denunciaron que se trata de una forma de proscripción ya que la exmandataria había anunciado recientemente que iba a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral bonaerense para los comicios del 7 de septiembre. En tanto, otros espacios como el PRO y la Coalición Cívica festejaron lo dispuesto por el máximo tribunal y aseguraron que es la culminación de un extenso proceso judicial que demostró la corrupción del kirchnerismo.
El bloque de legisladores porteños Unión por la Patria presentó en la Legislatura porteña el siguiente proyecto de Declaración: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su más profundo repudio a la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces Presidenta de la Nación y actual Presidenta del Partido Justicialista Nacional. Asimismo, manifiesta su máxima preocupación por el atentado contra la democracia ejercido por miembros de Poder Judicial, al cercenar el derecho de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes”.
“La sentencia confirmada por la Corte es producto de un proceso judicial arbitrario y amañado, como pocas veces se ha visto en la Argentina, que pone de manifiesto una intención persecutoria contra la líder más importante de la oposición al actual gobierno nacional. Se trata de un claro ejemplo de “lawfare”, mecanismo a través del cual Medios de comunicación, jueces, fiscales, sectores políticos y sectores económicos que se coaligan para garantizar la persecución y eliminación de adversarios políticos”, fundamentó UP.
“En la Causa Vialidad se han vulnerado un sinnúmero de garantías constitucionales y elementos básicos que hacen a un proceso judicial legal y legítimo. En primer lugar, se condena por un delito por el cual la ex-presidenta ya había sido juzgada y sobreseída por la Justicia de Santa Cruz hace una década atrás. En segundo lugar, se vulneró la garantía de ser juzgada por jueces imparciales e independientes, lo cual ha sido demostrado por los vínculos probados y extendidos en el tiempo entre los principales funcionarios judiciales que intervinieron en la causa y el ex presidente Mauricio Macri. En este sentido, también puede mencionarse la participación del Juez de Primera Instancia, Julián Ercolini, en el viaje a Lago Escondido, invitado por el Grupo Clarín”, agregó.
“La inhabilitación funciona, de hecho, como una proscripción política a la principal líder de la oposición y a una figura pública altamente representativa en el seno del pueblo argentino. Pero esta inhabilitación no se trata sólo de una pena, derivada de un proceso fraudulento, que no le permite a una ciudadana a ejercer su derecho a ser elegida. Se trata también, de la proscripción a un pueblo a elegir libremente a sus representantes y de una limitación a toda una sociedad de organizarse democráticamente, a través de elecciones libres”, finalizaron.
El legislador porteño Gabriel Solano fue parte del grupo del Frente de Izquierda que se hizo presente en la sede del PJ el martes en que se dio a conocer la decisión de la CSJN. “Nuestro rechazo a la proscripción no es de ninguna manera un apoyo o solidaridad con el gobierno de CFK”, aclaró.
Por su parte, el jefe de Gobierno Jorge Macri expresó: “Con el fallo de la Corte Suprema queda confirmado que Cristina Fernández de Kirchner usó el poder para saquear al Estado y garantizar su propia impunidad”.
Darío Nieto, presidente de la bancada oficialista Vamos por más, dijo: “No era “lawfare”, es corrupción. Y la prisión no es persecución, es consecuencia”.
Además, el legislador porteño de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, manifestó: “La Argentina convive hace tiempo con la impunidad, una experiencia que normaliza la corrupción y debilita nuestra confianza. Esa resignación está empezando a cambiar porque hubo quienes lucharon para cambiar la historia. Una sentencia judicial que alcanza al poder no es solo un acto legal, es un quiebre en esa cultura de cinismo y una oportunidad para reafirmar que la ley debe ser igual para todos. Este momento no debe ser interpretado como una revancha, sino como la recuperación de un piso de decencia necesario para construir. La justicia, más que un fin en sí mismo, es la condición que nos permite restablecer la convivencia. Se trata de superar la idea de que la política es un espacio de privilegios para transformarla en una responsabilidad con los otros. El fin de la impunidad nos saca del abandono y nos devuelve la posibilidad de exigir. Cuando lo inaceptable se vuelve tolerable, la sociedad se rompe. Se rompen los valores, todo vale y no hay forma de construir un futuro”.
“Poner las cosas en orden implica asumir el vértigo de vivir en un país de reglas y de igualdad ante la ley. La justicia se expresó, 15 jueces fallaron y la condena fue contundente. Se probó cómo armaron un sistema opaco desde Vialidad Nacional para asignar recursos adicionales por DNU a obras que eran siempre ganadas por Báez, un amigo del matrimonio Kirchner. Esa situación fue probada de punta a punta, y Cristina Kirchner firmó con puño y letra los DNU para ampliar recursos del presupuesto para saltear al Congreso, para involucrar a Vialidad Nacional en el fideicomiso con el que se financiaban las obras, y pronto tendremos sentencia por la incorporación de ese dinero al «blanco» a través de los hoteles en los que eran socios de Báez. Cuando dicen que no hay pruebas es porque elijen vivir en un país donde este tipo de delitos no puedan ser juzgados”, agregó.
“Son tramas complejas que necesitan de gente valiente y persistente como Elisa Carrió y toda la Coalición Cívica ARI que insistan, insistan e insistan, para mantener las pruebas, para mantener las causas abiertas y para asegurarse de que el expediente se mueva un paso a la vez. 17 años nos tomó, pero ayer empezamos a salir del estado de impunidad y vivir la experiencia de justicia”, finalizó.
Por otra parte, el legislador de Republicanos Unidos Yamil Santoro mantuvo un altercado con la legisladora de Unión por la Patria María Bielli dentro del palacio legislativo.
Todo empezó cuando Santoro publicó en X: “Post Ver posts nuevos Conversación Yamil Santoro @yamilsantoro Acabamos de presentarnos desde la @FundacionApolo en la causa donde @cfkArgentina resultó condenada para solicitar que sea albergada en carcel común o, en su defecto, en una residencia austera y en adecuadas condiciones de aislamiento. Debe cumplir un castigo, no estar de joda. La prisión domiciliaria es un privilegio, no un derecho. Debe ser usado con criterio restrictivo, máxime cuando no hay riesgo de salud inherente a cumplir la pena como cualquier otro ciudadano. Basta de privilegios infundados”.
Al rato, agregó: “A raíz de este recurso, la Diputada kirchnerista @Maru_Bielli acaba de caer con una patota a mi despacho para vaya uno a saber que fin. Revolearon muebles y amenazaron a mi equipo a los gritos. Son cavernícolas. Son el pasado. No vuelven más”.
Bielli respondió y dio su versión: “Pensé que ibas a estar trabajando y te fui a ver para intercambiar opiniones personalmente. Enojada sí, con bronca sí. Está en riesgo el estado de derecho y vos estás jugando a tener más likes Santoro”.
Juan Castro