La iniciativa fue presentada por el presidente de la Junta de Estudios Históricos de Saavedra y Núñez. Se trata de la vivienda de la calle Vilela 4620.
“Hoy con profundo y terrible pesar será mi último 24 de marzo en mi casa, en la cual nací y me crie junto a mis padrinos: Alfredo, Marta y Gustavo Bravo.
A los pocos meses de nacer, Alfredo regresó a casa luego de ser secuestrado, desaparecido y torturado a manos de Camps y Etchecolatz. Incluso yo casi soy secuestrado de no ser por la continua vigilancia de Marta y su amiga Ethel que se turnaban en el hospital para cuidarme junto a mi vieja.
Alfredo Bravo fue fundador, en 1973, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); uno de los miembros fundadores de la Asociación ‘Abuelas de Plaza de Mayo’ y quien unificara, antes de fallecer, al Partido Socialista a través del cual fue electo diputado y senador nacional. Fue subsecretario de Educación durante el gobierno de Alfonsín y renunció con la promulgación de las leyes de «Obediencia debida» y «Punto final».
En casa la palabra era Ley, por eso mis padrinos indicaron que la casa sería para nosotros, pero lamentablemente Daniel, su hijo mayor, vendió su casa con mi madre y yo dentro por lo que violó la norma establecida. Por tal motivo iniciamos una Usucapión, pero al enterarse engañó a mi madre haciéndola firmar un desalojo.
Si bien pude conseguir que la Comisión Nacional de Monumentos acuerde declarar la casa como «Lugar Histórico Nacional», decidieron dejarlo para más adelante, pero con las nuevas autoridades me entero de que eso podría haberse realizado más allá de la situación judicial.
Hoy los nietos de Alfredo se han convertido en los Videla, Camps y Etchecolatz, ya que están a punto de consumar la desaparición de la memoria física de su abuelo, ocasionando la pérdida de la casa para un pingüe negocio inmobiliario en lugar de ponerla en valor. Si bien la usucapión sigue, fue la cámara la que generó un fallo contradictorio al obligar al juzgado del desalojo a dictar sentencia. Esto no hace más que demostrar lo mal que está la sociedad y lo enfermo del sistema judicial que termina enfermando a todos.
Aún hay chances si hay voluntad, apoyo y decisión.
Quiero agradecer especialmente a Estela de Carlotto que desinteresadamente apoyó la iniciativa y siempre respondió mis correos”.
Este texto lo escribió en sus redes Hugo Campos (ahijado de Alfredo Bravo) el pasado 24 de marzo. Hoy es presidente de la Junta de Estudios Históricos de Saavedra y Núñez y el autor del proyecto de ley para darle protección a la casa donde vivió y murió el docente y exdiputado nacional.
Hablamos de la propiedad de la calle Vilela 4620, en el barrio de Saavedra. Vivienda de uno de los miembros de la APDH, organización que tuvo un rol muy activo durante la última dictadura cívico-militar, cuestionando con firmeza el paradero de las personas detenidas-desaparecidas.
En 2006, esta casa fue reconocida por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un proyecto presentado por exdiputado Facundo Di Filipo “en homenaje a la memoria del diputado Alfredo Pedro Bravo”; al que se le sumó otro homenaje por iniciativa del exdiputado Claudio Morresi, en 2023, con motivo de “conmemorarse el 20º aniversario del fallecimiento del exdiputado nacional. En esa ocasión, se colocó una placa en el frente de la casa de Vilela.
El 8 de septiembre de 1977, alrededor de las 20 horas, Bravo estaba dando clases en una escuela para adultos cuando tres hombres de civil, exhibiendo credenciales policiales, entraron al aula y lo secuestraron. A bordo de una Renault 4, recordó, lo trasladaron hacia La Plata. Las torturas durante esos 11 días de interrogatorio en 1977 le dejaron secuelas físicas.
El 10 de julio de 1978, poco después de salir de la cárcel con libertad vigilada (salvó su vida por un pedido de diferentes organizaciones del país y del exterior, que lograron su liberación), en su conversación con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, Alfredo Bravo enfatizó que no era ningún héroe y que había gritado de dolor como cualquier otro. “Cuento esto para mostrarles a ustedes por qué estamos peleando”, dijo. Tenía la esperanza que esa información, resguardando su identidad para proteger su vida y la de su familia, circulara en el ámbito internacional como una denuncia de las violaciones a los derechos humanos que vivía el país.
En 1999, Alfredo Bravo impulsó la impugnación de la asunción del represor Antonio Bussi, por ser autor de delitos de crímenes de lesa humanidad.
Su historia de vida, respalda los fundamentos para que se apruebe el proyecto de protección del inmueble de la calle Vilela.
Alfredo Bravo murió el 26 de mayo de 2003, a los 78 años.
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