La Casa Rosada analiza trasladar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) al Ministerio de Salud, luego de que salieran a la luz denuncias por contrataciones irregulares que motivaron la intervención del organismo. La medida, que se instrumentaría por decreto, busca reforzar el control sobre las licitaciones y al mismo tiempo enviar una señal de transparencia tras el impacto político del caso.
La ANDIS, que hasta ahora funcionaba con autarquía, pasaría a depender directamente del ministro Mario Lugones. De ese modo, el Ejecutivo espera centralizar la supervisión de las compras públicas, en especial después de que se detectaran 31 procesos de adquisición iniciados durante la gestión de Diego Spagnuolo sin la validación sanitaria correspondiente.
El interventor Alejandro Vilches ya dispuso auditorías internas, mientras la Justicia avanza en la investigación de presuntos sobreprecios vinculados a la droguería Suizo Argentina.
El traslado, sin embargo, genera debate en el ámbito político y social. Para el Gobierno, se trata de un reordenamiento administrativo que mejorará la transparencia. Para sectores opositores y organizaciones de personas con discapacidad, en cambio, existe el riesgo de que la pérdida de autarquía derive en menos independencia y, en los hechos, en una reducción de derechos o en mayor burocracia para el acceso a medicamentos, prótesis y programas de asistencia.
En un contexto en el que la Casa Rosada intenta contener los efectos de una nueva crisis de credibilidad, el futuro de la ANDIS se convierte en una prueba de fuego: si el traspaso logra garantizar controles más estrictos o si, como temen algunos, se transforma en otro capítulo de ajuste bajo el argumento de la eficiencia.
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