
El fiscal federal Carlos Stornelli decidió avanzar con una investigación judicial sobre la denuncia presentada por el Gobierno en torno a una presunta operación ilegal de inteligencia que habría involucrado la grabación y difusión de conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas, de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, pero estableció un límite explícito respecto del derecho del periodismo a resguardar sus fuentes.
En su dictamen, Stornelli fue rotundo: “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”. Además, subrayó que eso incluye la «inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente»
La investigación se inicia tras la formalización de una denuncia del Ministerio de Seguridad por supuestas maniobras de inteligencia clandestina para desacreditar figuras del Ejecutivo. Sin embargo, el piso que plantea Stornelli es claro: se investigará el origen de los audios, pero no se perseguirá a quienes los difundieron, salvo que lo decidan voluntariamente. Esa voluntad —aclaró— estaría por encima de cualquier coacción o mandato institucional.
La decisión representa un freno frente al apresuramiento del Ministerio de Seguridad, que había solicitado allanamientos a medios y periodistas —como el canal Carnival Stream y figuras como Jorge Rial— para secuestrar archivos, servidores y equipos, en pos de asegurar la cadena de custodia de los audios.
Ahora, con la causa en manos del juez federal Julián Ercolini, se abrirá la etapa probatoria: peritajes sobre metadatos, rastreo de origen y análisis técnico del material. Sin embargo, el fiscal ya puso una barrera constitucional: la protección del secreto profesional periodístico no se negocia. Así lo reafirmó al recordar que ese resguardo “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista… por mandato constitucional”
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