El Gobierno nacional anunció una significativa medida de desregulación en el ámbito del comercio y la industria a través de la publicación de la Resolución 357/2025 en el Boletín Oficial el 24 de septiembre de 2025. Esta resolución implica la derogación de un total de 71 normativas que regulaban diferentes aspectos del sector, con el objetivo principal de reducir obstáculos burocráticos, eliminar controles excesivos y facilitar una mayor libertad en las actividades comerciales y económicas del país.
Estas 71 resoluciones y sus 31 modificaciones corresponden principalmente a normas complementarias de leyes ya anuladas, regulaciones disueltas de organismos que dejaron de existir y programas que quedaron en desuso o fueron desactivados hace tiempo. Esto refleja una acción concreta del gobierno en su política de simplificación y liberalización del mercado interno, buscando crear un marco regulatorio más flexible y eficiente, en línea con su objetivo de promover la competitividad, la inversión y la protección del consumidor sin la carga de regulaciones obsoletas o excesivas.
Una de las evidencias claras de esta medida es la eliminación de regulaciones relacionadas con controles de precios considerados abusivos, así como requisitos de información que no tenían una finalidad concreta o útil. Entre las normas derogadas se encuentran el código de las “Buenas Prácticas Comerciales”, la constancia de procedencia de la papa, y otras vinculadas a leyes ya derogadas como la Ley de Autobastecimiento y la Ley de Góndolas.
Según expresó Manuel Adorni, vocero presidencial en su cuenta en X (ex Twitter), “menos regulaciones absurdas, más libertad para los argentinos”. La Secretaría de Industria y Comercio, por su parte, subrayó que estas medidas representan un avance en el proceso de conformar un ordenamiento jurídico que favorezca la eliminación de trabas burocráticas y favorezca la transparencia del comercio interno.
El Ministerio de Economía explicó en un comunicado que la derogación de estas normativas se centra en eliminar obstáculos y simplificar las relaciones de consumo. Muchas de ellas habilitaban controles de precios considerados abusivos, exigían información que no se utilizaba para ningún fin específico, o estaban relacionadas con programas que ya no estaban en funcionamiento, como Precios Justos, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas. La decisión responde también a la necesidad de reducir la carga administrativa tanto para los actores privados como para el Estado, promoviendo una gestión más eficiente de los recursos públicos.
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