El Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) rechazó la iniciativa de demolición y recomendó al ejecutivo porteño que mantenga la protección actual del puente
Mientras organizaciones vecinales recurren a la Justicia para evitar la demolición del histórico Puente Ciudad de la Paz, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sufrió un revés clave en su plan de reemplazarlo por una nueva estructura. El Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) rechazó la propuesta oficial y recomendó mantener la protección vigente del puente, lo que impediría su remoción. Al mismo tiempo, las agrupaciones vecinales presentaron una acción de amparo para frenar de forma definitiva el avance del proyecto.
El CAAP sesionó este martes, luego de varias postergaciones en el tratamiento del expediente que buscaba descatalogar el puente, protegido de forma preventiva desde hace ocho años por su valor patrimonial. Aunque hubo algunas ausencias, de los ocho integrantes presentes, cuatro votaron en contra de la descatalogación, tres se abstuvieron y uno la apoyó. Con este resultado, el Consejo instó al Ejecutivo porteño a conservar la protección actual del puente. La reunión había sido aplazada en reiteradas ocasiones mientras el GCBA esperaba la presentación de informes técnicos que, según argumentaban, justificaban la necesidad de sustituir completamente la estructura por fallas estructurales. Sin embargo, del lado de las organizaciones civiles también se entregaron estudios de ingeniería que concluyen que el puente “puede ser rehabilitado” sin necesidad de alterar su diseño original.
Entre 2023 y 2025, el gobierno porteño realizó obras de refuerzo sobre el puente, luego de que un informe advirtiera sobre “riesgos de colapso”. En marzo de este año, tras estar más de dos años cerrado, la estructura fue reabierta al tránsito liviano. No obstante, el Ejecutivo ya había adelantado su intención de reemplazarla por completo, basándose en un nuevo informe que recomendaba “desarmar y sustituir definitivamente” el puente para garantizar la seguridad vial y ferroviaria.
Finalmente, todos estos estudios —a favor y en contra de la demolición— fueron tratados por el CAAP, que con su voto en contra de la descatalogación dejó en claro que no ve justificación suficiente para retirar el puente. Consultadas por este medio, fuentes oficiales señalaron que por ahora no hay una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto, aunque reconocen que, sin el aval del Consejo, “el proyecto no se puede concretar”. De hecho, la obra ya contaba con una licitación abierta gestionada por AUSA, la empresa a cargo.
Desde las organizaciones ciudadanas sostienen que, además de la decisión del CAAP, el Ejecutivo debería presentar un proyecto de ley ante la Legislatura porteña si quiere modificar de manera definitiva la categoría patrimonial del puente. Antes de la votación del Consejo, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y Basta de Demoler habían presentado una acción de amparo ambiental con el objetivo de frenar el proyecto en su totalidad. El recurso quedó en manos del Juzgado N°15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a cargo del juez Víctor Trionfetti. En el texto, solicitan que se suspenda el proceso licitatorio y se ordene enviar el proyecto de catalogación definitiva a la Legislatura.
El abogado Jonatan Baldiviezo, presidente del ODC, cuestionó que el Gobierno de la Ciudad “está impidiendo el ejercicio pleno de la participación ciudadana”, ya que no se convocó a la audiencia pública obligatoria que exige la Constitución porteña para este tipo de proyectos. “Lo que se demuele, se pierde para siempre, y existen soluciones que permiten garantizar la seguridad sin sacrificar la memoria colectiva”, afirmó.
El proyecto oficial fue presentado en agosto de este año, con el argumento de que la vida útil del puente estaba “completamente agotada”. La propuesta contemplaba una nueva estructura destinada exclusivamente al tránsito liviano, respetando la estética original pero con mejoras en funcionalidad, accesibilidad y seguridad. También se prometía preservar la vieja estructura para reubicarla en otro sitio cercano, en línea con el reclamo de vecinos y defensores del patrimonio.
Sin embargo, para las organizaciones vecinales, lo esencial es conservar la estructura original in situ, ya que se trata de uno de los puentes más antiguos aún en pie en la ciudad. “Su sistema de vigas de hierro y basamento de ladrillos, con más de un siglo de antigüedad, representa un hito patrimonial único en el paisaje porteño”, afirman. El puente fue construido en 1918 por la Compañía de Tramways Lacroze Buenos Aires Ltda. para uso exclusivo de tranvías. Tras el desmantelamiento del sistema en 1963, fue reacondicionado para vehículos livianos por la entonces Municipalidad de Buenos Aires.
“Perder el puente original de Ciudad de la Paz sería perder para siempre un bien patrimonial arquitectónico y urbano, cuando aún puede mantenerse en uso con intervenciones adecuadas”, concluyen.