El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incluyó en su proyecto de Ley Impositiva 2026 un nuevo esquema para gravar las operaciones con criptomonedas dentro del impuesto a los Ingresos Brutos.
Hasta ahora, las transacciones con criptoactivos no tenían una regulación específica en el ámbito porteño y eran tratadas por analogía con otras actividades financieras. El nuevo texto busca formalizar y darle un marco claro a este tipo de operaciones, aunque genera polémica entre usuarios y empresas del sector.
Según el proyecto, las personas o empresas que compren y vendan criptomonedas deberán pagar una alícuota del 6 % sobre la ganancia obtenida, es decir, sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta.
Quienes reciban criptomonedas como pago por bienes o servicios y luego las vendan tributarán entre 3 % y 5 %, dependiendo del nivel de facturación del año anterior.
Además, si la variación de precios genera una ganancia adicional al momento de la venta, esa diferencia será gravada al 8 %, equiparándola con la actividad financiera tradicional.
Otras actividades relacionadas también quedarán alcanzadas: el minado y la custodia de criptoactivos pagarán entre 3 % y 4 %, mientras que los exchanges y plataformas de intercambio tributarán cerca del 5,5 %.
Para el Gobierno porteño, el cambio implica una actualización necesaria y una señal de normalización impositiva en un mercado que crece sin marco regulatorio claro.
Sin embargo, especialistas del sector advierten que el esquema sigue siendo distorsivo y puede desalentar la inversión y la adopción tecnológica, ya que se suma a otras cargas existentes, como el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
En síntesis, el nuevo impuesto busca dar certeza fiscal, pero a costa de una presión tributaria mayor sobre un ecosistema que, hasta ahora, operaba con mayor libertad.
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