La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura debatió un proyecto de Ley de Graciela Ocaña, Juan Pablo Arenaza, Sol Méndez, Sebastián Nagata y Manuela Thourte para modificar Ley N° 2.681, con el objetivo de “proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a decisiones arbitrarias en los procesos de admisión escolar”.
“El texto establece que toda negativa a matricular o rematricular a un estudiante deberá estar fundada en una “causa justificada” y ajustarse a los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la Constitución de la Ciudad”, indican fuentes parlamentarias.
“El proyecto dispone que los establecimientos educativos cuenten con un registro público de vacantes bajo la supervisión del Ministerio de Educación de la Ciudad. Este registro deberá actualizarse en las plataformas web de cada institución y en la del propio Ministerio, garantizando el acceso libre a la información sobre las vacantes disponibles en cada curso y año”, agregan.
Asimismo, las escuelas privadas “no podrán rechazar inscripciones sin fundamentos claros”: “En caso de negativa, deberán emitir una respuesta fundada por escrito y notificarla en un plazo de cinco días hábiles. La iniciativa también prevé sanciones para los establecimientos que incumplan la normativa, con multas que van de diez a cien veces el valor de una cuota mensual promedio”.
Juan Castro