Diputados del bloque Unión por la Patria presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto de resolución 2731-D-2025, que propone que el cuerpo requiera al Poder Ejecutivo porteño un informe detallado sobre la administración de permisos de venta en el espacio público, los procedimientos ante la venta sin autorización y el tratamiento de las mercaderías secuestradas durante los operativos .
La iniciativa fue impulsada por la legisladora Victoria Freire, acompañada por Juan Pablo Modarelli y Delfina Velázquez, quienes plantean que el Ejecutivo brinde, en un plazo máximo de 30 días, información precisa sobre la aplicación de las normas que regulan la venta ambulante en la Ciudad.
El proyecto incluye 17 puntos de consulta, que abarcan desde la autoridad encargada de otorgar los permisos hasta el destino final de la mercadería decomisada. Entre ellos, se solicita identificar qué repartición ejerce la autoridad de aplicación del artículo 9.1.3 de la Ordenanza 34.421, norma que regula la concesión de permisos de venta en el espacio público, y remitir el acto administrativo que delega esa facultad.
También se pide conocer cuántos permisos de venta ambulante se encuentran vigentes, en proceso de renovación o vacantes, y detallar los postulantes inscriptos en el Registro de Permisos de Uso del Espacio Público, diferenciando las solicitudes concedidas, revocadas, rechazadas o pendientes desde 2022 a la actualidad.
El texto solicita además que se precise qué artículos están autorizados para la venta ambulante, cuántos cupos permanecen sin asignar, y qué organismos ejercen el poder de policía para el control de faltas relacionadas con esta actividad, junto con la normativa que respalda esa delegación de competencias .
En cuanto a los procedimientos sancionatorios, el proyecto pide información sobre cuántas infracciones a las leyes 451 y 1472 fueron intervenidas por la Unidad Administrativa de Control de Faltas y la Junta de Faltas, diferenciando las actuaciones iniciadas por inspectores administrativos y aquellas promovidas por la Policía de la Ciudad.
También se solicita saber cuántos casos incluyeron el secuestro de mercaderías, cuántos resultaron en sanciones de multa o decomiso, y cuál es el proceso que sigue la mercadería incautada, desde el momento de su secuestro hasta su resolución definitiva. Los legisladores piden que se indique dónde se resguardan los bienes, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones, así como los criterios utilizados para definir si la mercadería es aprovechable o debe ser destruida.
El texto también consulta sobre los procedimientos aplicados cuando interviene la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas, y pide un informe sobre la participación de la Policía de la Ciudad en operativos de desalojo, allanamiento y secuestro de mercaderías durante los años 2024 y 2025, con el detalle de las causas que los motivaron y el destino final de los bienes decomisados .
Fundamentos
En los fundamentos, los autores explican que el pedido surge a raíz del operativo de desalojo realizado el 27 de septiembre en el Parque Saavedra, donde el Poder Ejecutivo porteño dispuso un megaoperativo para desalojar la feria ubicada sobre la avenida García del Río. Según el texto, ese procedimiento se inscribe en una “política sistemática de administración del espacio público”, que incluye otros hechos recientes como el allanamiento del 4 de octubre de 2024 en la zona de Once, donde se secuestró mercadería de vendedores ambulantes almacenada en depósitos provistos por el propio Gobierno de la Ciudad.
Los legisladores citan información oficial del Ejecutivo porteño, que sostuvo: “La Ciudad desalojó este fin de semana a los manteros que se instalaban en el Parque Saavedra para vender de manera ilegal sobre la avenida García del Río, entre Superí y Freire. En 11 operativos ya se liberó a más de 17 mil manteros”.
El texto recuerda que la Ordenanza 34.421 prohíbe el comercio en el espacio público sin autorización, pero establece un sistema de permisos, cupos y procedimientos para ordenar la actividad. En ese sentido, los diputados afirman que el espíritu de la norma “no es prohibir la existencia de actividades comerciales en el espacio público, sino ordenarlas y regularlas”, con un enfoque productivo que promueva la inclusión económica.
Los fundamentos también mencionan el contexto social y económico actual, caracterizado por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del pluriempleo, lo que lleva a muchos vecinos de la Ciudad a buscar ingresos complementarios mediante la venta callejera. Por eso, sostienen que la prohibición como única política estatal resulta ineficaz y que se requiere una estrategia que articule la administración del espacio público con el desarrollo económico de los sectores populares.