La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires analiza un proyecto de ley impulsado por el diputado Hernán Reyes junto a Juan Facundo Del Gaiso, Emmanuel Ferrario, María Cecilia Ferrero, Sergio Siciliano, Manuela Thourte y Juan Manuel Valdés, con el objetivo de establecer estadísticas oficiales sobre la población con discapacidad.
El expediente 2718-D-2025, actualmente en la Comisión de Discapacidad, propone la creación de dos instrumentos centrales: un padrón de la población con discapacidad y una encuesta específica sobre discapacidad en el ámbito porteño. Ambos dispositivos buscan generar información actualizada, confiable y desagregada que permita al Estado diseñar políticas basadas en evidencia y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.
Objeto y fundamentos
El proyecto establece que el padrón se integrará con datos administrativos provenientes de organismos públicos que ya registran información de personas con discapacidad. Su objetivo será consolidar una base única de datos que permita la producción de estadísticas oficiales, bajo criterios unificados de calidad y confiabilidad. Por su parte, la Encuesta sobre Discapacidad se aplicará cada cuatro años, siguiendo los modelos metodológicos de organismos internacionales especializados.
Según el texto, ambas herramientas tienen como finalidad contribuir al diseño e implementación de políticas públicas y a la concientización de la sociedad, promoviendo la igualdad de derechos y el respeto por la dignidad de las personas con discapacidad, conforme al espíritu de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en la Constitución porteña y en el Marco de Políticas para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales (Ley 447 y Decreto 1393/2003).
El texto legislativo define como autoridad de aplicación al Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA), que será responsable de coordinar los organismos productores de datos, establecer lineamientos metodológicos, realizar el trabajo de campo y publicar los resultados.
Los datos obtenidos del padrón y de la encuesta deberán publicarse en el sitio web del IDECBA en formato abierto y accesible, de acuerdo con los estándares de datos abiertos vigentes. Además, se fija que el padrón será de carácter continuo y la encuesta se repetirá cada cuatro años.
El financiamiento de la iniciativa provendrá de las partidas presupuestarias correspondientes, y el Poder Ejecutivo deberá destinar los recursos materiales y humanos necesarios para su implementación.
En los fundamentos, los autores señalan que la Ciudad de Buenos Aires registra la mayor tasa de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) del país: 184.101 personas, de las cuales 53.826 son menores de edad. Estas cifras reflejan la magnitud del colectivo y la necesidad de contar con herramientas actualizadas que permitan planificar políticas inclusivas.
El documento cita la definición de la Organización Mundial de la Salud, que entiende la discapacidad como el resultado de la interacción entre las condiciones de salud y las barreras del entorno que limitan la participación plena en la sociedad. También se menciona el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados parte a recopilar información estadística adecuada y difundirla de manera accesible.
Asimismo, se destacan los compromisos asumidos por la Ciudad en su Constitución local, especialmente los artículos 11, 21 inciso 7, 24, 33 y 42, que garantizan la dignidad, la educación, la salud, el deporte y la integración social de las personas con necesidades especiales.
Alcance y beneficios esperados
El proyecto detalla que el Padrón de Personas con Discapacidad permitirá unificar los registros administrativos existentes, sin crear nuevas instancias de inscripción, sino aprovechando la información ya disponible. Con ello, se podrá contar con un número cierto de residentes con discapacidad y conocer sus características sociodemográficas, económicas y territoriales.
La Encuesta sobre Discapacidad, en tanto, relevará información complementaria a través de visitas a los hogares. Permitirá conocer el grado de dificultad funcional, las barreras físicas o comunicacionales que enfrentan las personas, sus necesidades de apoyo, y niveles de participación social y laboral.
Los resultados de ambos instrumentos servirán para evaluar tendencias y orientar la asignación de recursos públicos. Se podrán medir avances en temas como la educación inclusiva, la accesibilidad al transporte, la participación comunitaria o el empleo.
Perspectiva de derechos
Los legisladores remarcan que “contar, visibilizar y entender a las personas con discapacidad es condición necesaria para incluirlas”, y que las políticas públicas deben basarse en evidencia empírica. En ese sentido, la implementación del padrón y la encuesta busca fortalecer el carácter progresivo de los derechos de las personas con discapacidad en la Ciudad.
El texto sostiene que la iniciativa dotará al Estado porteño de instrumentos “para saber con exactitud y oportunidad quiénes son, cómo viven y qué necesitan sus habitantes con discapacidad”, y que esa información será la base de políticas “más justas, eficaces y transparentes”.
Por último, el proyecto reafirma el compromiso de la Ciudad con los principios de la Convención Internacional y con el propósito de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad”.