El fallo revocó una decisión de la Cámara Contencioso Administrativa Federal por el caso Costa Salguero
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia que había condenado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a pagar una indemnización a la empresa Border’s Parking SRL por la demolición de construcciones en el predio de Costa Salguero, luego de que esa zona pasara de la órbita nacional a la administración local.
El caso, caratulado “Border’s Parking SRL c/ GCBA y otro s/ Proceso de Conocimiento”, se inició en 2001. La firma estuvo representada por Jorge Barbagelata y Gustavo Enrique Gene, mientras que el gobierno porteño fue defendido por Lionel Castellini y el procurador general Gabriel Astarloa.
En primera instancia, la Justicia había desestimado la demanda, pero la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en una sentencia del 6 de octubre de 2016, dio marcha atrás y ordenó al GCBA pagar a la empresa $52,5 millones más intereses. Según los cálculos registrados en 2017, la cifra total ascendía a $316 millones.
El conflicto surgió por la demolición, entre 1999 y 2003, de edificaciones levantadas en el predio de Costa Salguero, luego de que el dominio del terreno fuera transferido a la Ciudad mediante la Ley 25.436, sancionada el 20 de junio de 2001 y promulgada de hecho el 13 de julio de ese año. La norma cedió a la Ciudad la titularidad de la parcela delimitada por el Río de la Plata, el canal Arroyo Ugarteche, la avenida Costanera Rafael Obligado y la avenida Ramón J. Castillo, incluyendo los terrenos ganados al río por obras o procesos naturales.
Asimismo, la ley mantuvo vigentes las condiciones de concesión fijadas por las resoluciones AGP-SE N° 230/91 y N° 25/92 de la Administración General de Puertos (AGP), y estableció que el Gobierno porteño asumiría los derechos y obligaciones que hasta entonces correspondían a ese organismo nacional.
La Cámara de Apelaciones había considerado que el GCBA había interferido de forma ilegítima en proyectos otorgados por la AGP y que las decisiones administrativas adoptadas sobre el terreno carecían de sustento legal. Según ese fallo, la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro había dispuesto sin legitimidad la clausura y demolición de estructuras destinadas a estacionamientos, locales comerciales, depósitos y oficinas.
El Gobierno de la Ciudad apeló ante la Corte mediante un recurso extraordinario, cuestionando la resolución de la Cámara. El caso fue analizado por un tribunal integrado por los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y los conjueces María Angélica Corcuera y José Manuel Tyden, mientras que Ricardo Lorenzetti se excusó de intervenir.
Finalmente, el Máximo Tribunal resolvió revocar la sentencia impugnada, con el voto mayoritario de Rosatti y Tyden, mientras que Rosenkrantz y Corcuera se remitieron al dictamen de la Procuración General.
En los fundamentos del fallo, la Corte aclaró que la Ciudad mantiene el poder de policía sobre el área en todas las cuestiones que no involucren la actividad portuaria, que continúa bajo jurisdicción nacional. En ese contexto, dado que las obras realizadas por la empresa estaban vinculadas con estacionamientos y locales comerciales, el Tribunal entendió que correspondía la intervención del Gobierno porteño.