En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, trabajadores del Hospital Garrahan, personas con discapacidad, prestadores y diversas organizaciones sociales convocaron a una conferencia de prensa bajo el lema “Discapacidad y el Garrahan unidos por la Emergencia”. La actividad tendrá lugar en la entrada del hospital, ubicado en Combate de los Pozos 1881, con el objetivo de denunciar el retraso en la implementación de dos leyes clave: la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad y la Ley 27.796 de emergencia sanitaria pediátrica.
Ambas normativas fueron sancionadas por el Congreso nacional, pero hasta ahora su aplicación está paralizada por la falta de financiamiento oficial. Los sectores afectados advierten que esta “congelación” afecta gravemente la actualización de pensiones no contributivas, la recomposición tarifaria para prestadores, la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario y la asignación de recursos indispensables para la atención pediátrica de alta complejidad.
La Ley de Discapacidad, cuyo veto presidencial fue anulado por el Senado en septiembre pasado, aún sigue suspendida debido a la espera de la asignación presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo. Esta situación genera un vacío que afecta a miles de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, trabajadores del sistema de salud y prestadores en todo el país.
Desde el Hospital Garrahan, los profesionales ya han manifestado su preocupación mediante protestas, señalando que la suspensión de la emergencia “profundiza la crisis en la atención pediátrica y agrava el deterioro de las condiciones laborales”. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan reclama una solución urgente para garantizar un sistema de salud digno.
Los organizadores de la convocatoria anticipan nuevas medidas de lucha y acciones conjuntas de alcance federal programadas para el 10 de diciembre, fecha que coincide con la asunción de los nuevos diputados y senadores. La consigna es clara: “Las leyes están, que se apliquen ya”, un llamado a la responsabilidad del Estado para revertir la postergación que genera desprotección.