El encadenamiento de una mujer frente al Hospital Churruca Visca, en Parque Patricios, no fue un gesto aislado ni meramente desesperado: expuso crudamente el deterioro del sistema de atención destinado a los efectivos de la Policía Federal y sus familias. La denuncia por mala atención y falta de insumos que sufrió su marido, un policía internado en ese centro de salud, volvió a poner sobre la mesa la distancia entre los discursos oficiales sobre seguridad y las condiciones reales en las que viven, trabajan y se atienden quienes sostienen esa estructura.
El caso tomó estado público porque la imagen de una mujer atada con cadenas frente al hospital interpela y rompe la rutina de cualquier cronista o vecino que pasa por el lugar. Pero detrás de esa foto hay una trama de reclamos acumulados: guardias sin personal suficiente, estudios que se postergan por falta de insumos básicos, camas ocupadas sin respuestas claras para las familias y una infraestructura que arrastra años de parches y promesas incumplidas. Cada demora, cada negativa, se vuelve más grave cuando se trata de trabajadores que vuelven de la calle con lesiones, estrés y situaciones de riesgo extremo.
La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante el gobierno de Javier Milei, se caracterizó por un respaldo permanente a las fuerzas en términos simbólicos. Los discursos reivindicaron el uniforme, el “coraje” y el “sacrificio diario” de los efectivos, pero ese reconocimiento nunca se tradujo en mejoras tangibles en los recibos de sueldo ni en una inversión sostenida en las estructuras que deben cuidarlos cuando se enferman o resultan heridos. El resultado es una brecha creciente entre el relato oficial y la realidad material que atraviesan policías y sus familias.
La situación salarial es un capítulo central de esta crisis. En muchos casos, los agentes de la Policía Federal no llegan a percibir un millón de pesos mensuales, cifra que luce insuficiente frente al costo de vida, la inflación y, sobre todo, el riesgo permanente que implica patrullar barrios conflictivos, enfrentar situaciones armadas o cubrir operativos de alta tensión. Esa precariedad económica obliga a miles de efectivos a encadenar servicios adicionales, custodias privadas o trabajos informales como choferes de aplicaciones, acumulando jornadas larguísimas, descanso escaso y una presión que se cuela en la vida familiar.
El Hospital Churruca aparece, en ese contexto, como una especie de espejo que devuelve la imagen de un sistema que se sostiene más por inercia que por decisión política. Falta de insumos, pasillos desbordados, turnos que se posponen, edificios que necesitan mantenimiento urgente y equipos médicos que trabajan al límite son parte de un paisaje que no se construyó de un día para el otro. La protesta de esta mujer funcionó como un grito por la vida de su marido, pero también como la voz de muchas otras familias policiales que sienten que el Estado las abandona cuando ya no están en la vereda de enfrente del delito, sino del lado de la camilla.
El contraste entre la épica oficial y la precariedad cotidiana no es exclusivo de las fuerzas de seguridad. Lo mismo se observa en médicos, enfermeros, docentes y otros trabajadores esenciales que reciben aplausos, homenajes y declaraciones grandilocuentes sobre su rol social, pero chocan con salarios que no reconocen su responsabilidad y con condiciones de trabajo que desgastan cualquier vocación. La paradoja es evidente: se les exige compromiso absoluto, pero se los retribuye con sueldos bajos, contratos inestables y sistemas de salud o educación que crujen por todos lados.
En ese escenario, la escena de una mujer encadenada deja de ser un hecho aislado y se convierte en un síntoma. Un síntoma de que, sin inversión real, sin salarios dignos y sin hospitales que funcionen como corresponde, el discurso de los funcionarios se vacía de contenido. Cuando la palabra oficial pierde credibilidad, los reclamos se radicalizan y lo que podría haberse canalizado en una mesa de diálogo termina expresado en la vereda, frente a las cámaras, en un acto que mezcla dolor, impotencia y una demanda básica: que el Estado esté a la altura de la vida que dice proteger.
