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La normativa busca transformar los entornos urbanos en espacios más amigables para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), reduciendo la contaminación sonora y visual en comercios y organismos públicos.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la Ley 6875, conocida como «La Hora Silenciosa». El proyecto surge como una respuesta concreta a las barreras sensoriales que enfrentan miles de ciudadanos en su vida cotidiana.
Para gran parte de la población con TEA o condiciones similares, realizar tareas habituales como ir al supermercado puede transformarse en una experiencia angustiante. La combinación de luces LED de alta intensidad, música ambiental, alertas sonoras y el constante murmullo de las pantallas genera una sobrecarga sensorial que dificulta la autonomía.
«La idea es simple pero poderosa: adaptar el entorno a las personas, y no que las personas sufran por el entorno», destacan las bases del proyecto.
La ley propone que, durante días y horarios específicos, los establecimientos reduzcan al mínimo los estímulos que puedan resultar disruptivos.
La implementación de esta normativa se sostiene sobre tres pilares fundamentales que buscan mitigar los estímulos externos. En primer lugar, se establece una atenuación lumínica estratégica, que consiste en el apagado de pantallas publicitarias y tótems digitales, junto con una reducción sustancial en la intensidad de las luminarias generales para evitar destellos que resulten agresivos.
En sintonía con esto, se prioriza el confort acústico mediante la supresión total de la música ambiental y la suspensión de avisos por altoparlante, eliminando así las interrupciones sonoras imprevistas. Finalmente, el protocolo exige una reducción de ruidos operativos, lo que implica minimizar el uso de alarmas de seguridad, señales sonoras en las líneas de caja y movimientos ruidosos en sectores de depósito, garantizando una atmósfera de calma integral durante el bloque horario establecido.
La implementación de la Ley 6875 se ha diseñado bajo un esquema de aplicación diferenciada, buscando un equilibrio entre la obligatoriedad y la participación ciudadana. En primera instancia, la normativa establece un carácter obligatorio para las grandes superficies, como supermercados y comercios de gran escala, los cuales deberán garantizar franjas horarias específicas con baja estimulación.
Este compromiso se extiende también a la esfera estatal: todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad que cuenten con atención al público deberán adaptar sus instalaciones para asegurar un entorno amigable. Por último, la ley abre la convocatoria a las instituciones privadas y comercios de menor envergadura, invitándolos a una adhesión voluntaria que refuerce la red de inclusión en los barrios porteños.
Si bien la Ley 6875 le da un marco legal formal en la Ciudad, la iniciativa ya cuenta con antecedentes exitosos en cadenas de supermercados que aplican estas prácticas de forma privada desde hace años con resultados positivos en la experiencia del cliente. Con esta ley, Buenos Aires se alinea con las tendencias internacionales de urbanismo inclusivo y accesibilidad cognitiva.
Más allá del cumplimiento legal, la adopción de esta medida representa una ventaja competitiva y social para los establecimientos. Los especialistas destacan tres ejes fundamentales de beneficio:
En primer lugar, la iniciativa funciona como un potente motor de fidelización. Al eliminar las barreras sensoriales, los comercios captan a un segmento de consumidores y familias que anteriormente evitaban las visitas presenciales por el malestar que les generaba el entorno.
En segundo término, la adhesión posiciona a la marca bajo los estándares de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), proyectando una imagen de modernidad y empatía hacia la comunidad. Finalmente, el impacto trasciende al cliente: un ambiente con menor contaminación sonora y visual contribuye directamente a un clima laboral saludable, reduciendo los niveles de fatiga y estrés en el personal que cumple sus tareas diarias en el salón de ventas.
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