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La jornada de protesta social del pasado 19 de febrero frente al Congreso de la Nación derivó en un violento operativo de seguridad que tuvo como blanco inédito a los propios organismos encargados de monitorear el uso de la fuerza. Integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Mecanismo de Prevención de la Tortura de CABA fueron alcanzados por balas de goma y gases lacrimógenos mientras cumplían sus funciones de observación y protección de derechos humanos.
El ataque más grave afectó a la comisionada del CNPT, Natalia Gabellini, quien resultó herida por un impacto de bala de goma en su pierna. Asimismo, una trabajadora del equipo técnico del mismo organismo salvó su integridad física gracias a que un proyectil impactó directamente en su casco protector. La delegación, que también integraban el secretario ejecutivo Alan Iud y la directora Rosario Gauna Alsina, trabajaba de manera coordinada con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad cuando las fuerzas de seguridad iniciaron una ofensiva que los organismos califican como abusiva e indiscriminada.
Según el informe del equipo de monitoreo, la tensión escaló drásticamente a partir de las 16:00 horas. Pese a que las organizaciones sociales ya se habían desconcentrado de forma pacífica, las fuerzas de seguridad comenzaron a arrojar químicos irritantes y agua desde camiones hidrantes sobre quienes permanecían en las inmediaciones. Minutos antes del caos, las autoridades del CNPT habían advertido a los efectivos sobre la necesidad de abrir los cordones de formación para permitir una salida segura en caso de usar gases, pero la instrucción fue ignorada, provocando escenas de desesperación entre personas que corrían cegadas mientras recibían una incesante ráfaga de balas de goma.
El balance de la jornada incluyó la detención de diez manifestantes, tres aprehensiones por contravenciones y ataques directos con gases irritantes hacia trabajadores de prensa que cubrían el evento. El CNPT ya había advertido desde el mediodía sobre un despliegue desproporcionado que incluyó a la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, el Departamento Federal de Investigaciones y unidades motorizadas. Ante la gravedad institucional de que agentes del Estado ataquen a sus propios órganos de control, los organismos afectados confirmaron que ya evalúan acciones legales en fueros nacionales e internacionales.
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