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En una jornada marcada por la tensión en la sede del Poder Ejecutivo, el Gobierno nacional canceló el lunes pasado las acreditaciones de periodistas de diversos medios de comunicación que cubren de manera habitual la actividad en la Casa Rosada. La medida, que carece de precedentes cercanos en la etapa democrática, afectó a cronistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape, quienes al intentar ingresar se encontraron con sus accesos por huella digital bloqueados.
La explicación oficial para sustentar esta decisión se basa en una presunta operación de inteligencia orquestada por el Kremlin. Según el Ejecutivo, los medios afectados habrían participado en una campaña de desprestigio financiada por el gobierno de Vladimir Putin para perjudicar la imagen del presidente Javier Milei. Esta justificación descansa sobre un reporte del sitio británico Open Democracy, que menciona un supuesto informe de inteligencia ruso sobre columnas pagadas durante 2024.
A pesar de la gravedad de la acusación, la medida ha despertado fuertes sospechas de discrecionalidad y censura selectiva. La controversia radica en que otros medios de comunicación, como Infobae y El Cronista, también fueron mencionados en el mismo reporte internacional, pero sus periodistas no sufrieron restricciones y mantienen sus credenciales vigentes. Esta falta de uniformidad en la aplicación de la medida ha llevado a diversos analistas a vincular el bloqueo con la deteriorada relación que el vocero presidencial, Manuel Adorni, mantiene con los cronistas ahora excluidos.
El conflicto se agrava ante la debilidad de las pruebas presentadas. La propia editora de Open Democracy, Diana Cariboni, aclaró públicamente que no existen verificaciones fehacientes sobre si los pagos mencionados en el informe efectivamente se realizaron o quiénes fueron los destinatarios finales. Incluso el periodista Santiago O’Donnell, vinculado a la investigación original, admitió que el reporte estaba siendo utilizado como una herramienta política por parte del oficialismo. En este contexto, sectores de la oposición y de la prensa interpretan la maniobra como un intento de desviar el foco de la agenda pública y evitar cuestionamientos sobre temas sensibles, como el crecimiento patrimonial de funcionarios y el otorgamiento de créditos hipotecarios.
El impacto dentro de la sala de prensa fue inmediato. Figuras históricas de la acreditación, como Liliana Franco de Ámbito Financiero, denunciaron la arbitrariedad de la medida, señalando que se les impide ejercer su labor profesional basándose en una denuncia supuesta que no ha pasado por ninguna instancia judicial. Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un comunicado de repudio en el que denunció un intento de silenciar al periodismo crítico y exigió que se garantice el derecho de los trabajadores a informar con normalidad.
Entre los comunicadores afectados se encuentran, además de Franco, Jonatan Heguier de El Destape, Tatiana Scorciapino de Tiempo Argentino y Fabián Waldman de La Patriada. Scorciapino relató que la notificación de su exclusión fue realizada de manera informal por un custodio de la Casa Militar, quien tras cotejar una lista le prohibió el ingreso. Ante la falta de una resolución oficial que fundamente la revocación de las credenciales, los periodistas y medios involucrados han calificado el hecho como un acto de censura directa contra la libertad de expresión.
Desd el el Portal de Parque Chas nos solidarizamos con los colegas afectados y acompañamos la exigencia de que se vuelva atrás con la medida de censura.
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