La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que brinde detalles sobre los procedimientos vinculados a desalojos catalogados como preventivos, urgentes y extraordinarios, en el marco de distintas intervenciones habitacionales realizadas en la Ciudad. En la zona del Abasto hubo muchos, uno de los últimos ocurrió en una propiedad de Agüero y San Luis.
La iniciativa fue impulsada por la legisladora Victoria Freire junto a un grupo de coautores integrado por María Bielli, Andrea Mariana González, Berenice Iañez, Andrés La Blunda, Federico Mochi, Juan Pablo Modarelli, Alejandro Salvatierra y Delfina Velázquez, a través del expediente 72-D-2026, que obtuvo aprobación legislativa y ahora deberá ser respondido por el Gobierno porteño.
El proyecto solicita que el Ejecutivo informe, en un plazo no mayor a 30 días, aspectos vinculados a los protocolos de actuación en inmuebles de uso vivienda desocupados por riesgo edilicio, salubridad u otras situaciones de peligro. Entre otros puntos, requiere precisiones sobre los criterios para definir riesgo, los organismos intervinientes, la existencia de informes técnicos previos y su notificación a los ocupantes.
Asimismo, el pedido de informes incluye consultas sobre la cantidad de inmuebles alcanzados por este tipo de operativos, su ubicación, la cantidad de familias afectadas y su composición, además de las soluciones habitacionales otorgadas por el Gobierno de la Ciudad en cada caso.
También se solicita información sobre el resguardo de pertenencias de las familias desalojadas, el estado actual de los inmuebles intervenidos y su eventual destino posterior, ya sea restitución, clausura, venta o puesta en valor.
En los fundamentos, los autores del proyecto advierten sobre la situación habitacional crítica en la Ciudad y remarcan la necesidad de conocer en detalle los procedimientos estatales, en un contexto donde, según distintos informes y relevamientos, persisten altos niveles de déficit habitacional, situaciones de hacinamiento y personas en situación de calle.
En ese sentido, sostienen que resulta fundamental contar con información precisa sobre los operativos de desalojo y sus consecuencias, a fin de evaluar el impacto de las políticas públicas y garantizar el acceso a soluciones habitacionales adecuadas para las familias afectadas.
J.C.
Foto: Revista El Abasto
