El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, continúa con políticas hostiles hacia los sectores más vulnerables, ahora a través del desalojo de un espacio cultural ubicado en Palermo.
El Ejecutivo porteño lleva adelante una serie de operativos que incluyen desalojos y clausuras de espacios comunitarios, muchos de ellos con años de trabajo en barrios y con actividades culturales y sociales abiertas al público. Así, el gobierno macrista profundiza su asimilación a La Libertad Avanzada. Esta vez, se arremetió contra el centro cultural Bonpland, un lugar que brindaba apoyo escolar, eventos solidarios, talleres y además cooperaba como comedor popular, ubicado en el barrio porteño Palermo.
Uno de los últimos antecedentes de esta política de “limpieza” impulsada por el gobierno, fue el desalojo del Espacio Cultural La Casa, ubicado también en Palermo, que funcionaba desde hacía más de una década. Allí se realizaban talleres, ferias, presentaciones artísticas y actividades educativas. Según denunciaron los miembros de la administración del lugar, la medida se concretó sin ofrecer ninguna alternativa para continuar con las actividades culturales, dejando sin lugar a una comunidad que participaba activamente del espacio.
Estas acciones se suman a una clara tendencia, cada vez más criticada por buena parte de la población civil y sus organizaciones sociales, que caracteriza la conducción de Jorge Macri: las iniciativas comunitarias son desplazadas para dar lugar a proyectos orientados al negocio inmobiliario, privatizando espacios públicos. Para quienes trabajan y forman parte de estos centros, la política de “puesta en valor” impulsada por el gobierno de la Ciudad forma parte de un proyecto de desplazamiento de personas y actividades que no se ajustan a un modelo urbano construido para los sectores de mayores ingresos.
En las últimas semanas ordenaron, además, el desalojo de una cooperativa cartonera, desfinanciaron el servicio de traslado para recicladores urbanos y anunciaron multas para quienes buscan en la basura. Desde el gobierno porteño justifican los operativos por presuntas irregularidades, aunque los colectivos afectados sostienen que se trata de un uso discrecional de la normativa legal para desarmar espacios que cumplen funciones sociales clave para los sectores populares. El resultado, advierten, es una ciudad cada vez menos inclusiva.
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