El muro de piedra quedó en medio del trazado de uno de los accesos del nuevo puente sobre la Lugones
La construcción del nuevo Puente Labruna en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, impulsada por el Gobierno porteño, arrastra un conflicto que crece en silencio y expone un modelo de gestión que privilegia la infraestructura vial por sobre el patrimonio deportivo y formativo. Para habilitar uno de los accesos del futuro viaducto, el Ejecutivo local decidió remover la emblemática palestra nacional de andinismo ubicada en Núñez, dentro del predio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard). La medida ha despertado el rechazo de escaladores, instructores, clubes especializados y parte de la comunidad educativa que utiliza el muro para formación técnica y profesional.
El muro, visible desde la Autopista Lugones, fue inaugurado en 1982 y consta de dos estructuras adyacentes de 17 metros de altura y 40 metros de ancho construidas con piedra natural, emulando una auténtica pared de montaña. Allí se entrenan desde andinistas amateurs hasta miembros de fuerzas de seguridad, brigadistas y guías especializados en rescate. Sin embargo, el GCBA ya anunció su demolición para abrir paso al nuevo puente que conectará el estadio Monumental con el Parque de la Innovación.
Una obra que avanza sin consenso
El traslado del muro al Parque Olímpico, en Villa Soldati, fue anunciado en febrero a través de un convenio firmado entre la Secretaría de Deportes porteña y la Federación Argentina de Ski y Andinismo. El acuerdo se presentó como una solución, pero no contempló ni la opinión de los usuarios históricos ni el carácter único de la estructura actual. Los escaladores advierten que el nuevo muro no replicará las características técnicas de la palestra original: aseguran que no tendrá las regletas, fisuras ni la calidad de materiales necesarios para prácticas avanzadas y formación profesional.
“No es solo un muro para escalar, es una herramienta educativa y de seguridad. Nos están quitando un derecho: el derecho a formarnos”, denuncian los usuarios. La falta de diálogo previo por parte de las autoridades provocó una escalada de protestas que este fin de semana derivó en una movilización desde el Cenard hasta la intersección de Avenida del Libertador y Crisólogo Larralde.
Reclamos judiciales y promesas sin respuesta
El conflicto ya llegó a los tribunales: en mayo, el juez Darío Edgardo Reynoso dictó una medida precautelar para frenar la remoción de la palestra hasta que las partes conformaran una mesa de diálogo, la cual comenzó a fines de ese mes. Sin embargo, aún no hay una resolución definitiva, mientras la cuenta regresiva para el desmantelamiento sigue corriendo: el Gobierno porteño confirmó que el uso de la palestra actual será prohibido desde el 4 de octubre.
El Centro Andino Buenos Aires, uno de los organismos que apoya la campaña, también denunció la falta de voluntad del GCBA para ofrecer alternativas viables. “Intentamos dialogar, pero la respuesta institucional fue nula. Nos vimos forzados a protestar para que se entienda que no vamos a resignarnos a perder este espacio sin lucha”, expresaron en un comunicado.
Silencio y derivaciones en los despachos oficiales
El complejo de escalada está dentro del Cenard, pero su administración pertenece al Gobierno de la Ciudad. El intento de los escaladores de recurrir a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, que encabeza Daniel Scioli, tampoco tuvo éxito: desde la cartera nacional se excusaron diciendo que la jurisdicción corresponde a la Ciudad.
Por su parte, la Secretaría de Deportes porteña, a cargo de Fabián Turnes, intentó presentarse como mediadora en un conflicto que, sin embargo, responde a decisiones tomadas por otras áreas del Ejecutivo local, principalmente el Ministerio de Infraestructura y AUSA, la empresa estatal encargada de la obra. Consultados por este medio, desde el Ministerio derivaron todas las consultas nuevamente a la Secretaría de Deportes, que insiste en que el nuevo muro será “igual al anterior”, aunque sin mostrar estudios técnicos que lo respalden.
Un traslado sin equivalencia
Más allá de la disputa territorial, la nueva palestra estaría a más de 20 kilómetros de la actual, el núcleo del reclamo es técnico. Los escaladores insisten en que el nuevo muro carecerá de las condiciones que hacen única a la actual estructura: piedra natural, estructura de hormigón, variedad de agarres y complejidad de trazados.
“La propuesta del GCBA es sustituir una instalación histórica, funcional y sin precedentes por una estructura genérica y subestándar. Es un retroceso que evidencia desconocimiento y desinterés por una disciplina que ha ganado relevancia internacional y olímpica”, argumentan.
Mientras tanto, las topadoras avanzan, el silencio oficial persiste y la comunidad escaladora espera un fallo judicial que detenga lo que consideran no solo un error, sino una pérdida irreparable para el deporte y la formación técnica del país.