El presidente Javier Milei vetó en forma completa la Ley de financiamiento universitario que había votado a fines de agosto el Senado de la Nación tras el visto bueno en Diputados. Trabajadores docentes y no docentes anunciaron que el viernes harán un paro nacional. Los estudiantes convocaron a asambleas en distintas facultades.
La Ley establece una recomposición del presupuesto universitario, la convocatoria a paritarias y una actualización de los salarios de docentes y no docentes según la inflación.
La medida de fuerza fue anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, FEDUN y UDA, entre otras.
Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) informó: “Nuestras asambleas votaron parar inmediatamente frente al veto de Milei y preparar una marcha nacional para el día que el Congreso trate el veto. Mañana, jueves 11, haremos acciones, cortes de calle y asambleas en cada lugar de estudio”.
“El gobierno recibió una paliza electoral el domingo, tenemos que profundizar nuestra lucha para torcerle el brazo a esta política de asfixia salarial contra los trabajadores de las universidades públicas”, declaró Carboni y agregó: “Desde que asumió este gobierno, perdimos un 45% de nuestros salarios y más de 10.000 docentes renunciaron en todo el país. Hay que frenar esta política de motosierra que destruye a la universidad pública”. Docentes, estudiantes y no docentes preparan una marcha nacional para el día que se trate el veto en el Congreso. “Convocamos a los estudiantes, docentes, no docentes y a toda la población a abrazar la causa de la defensa de la universidad pública”, agregó.
La Federacion Universitaria Argentina (FUA) expresó: “Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Como lo advertimos: si hay veto, hay marcha. Nos vemos en las calles”.
El Poder Ejecutivo, con la firma de Javier Milei, fundamentó el veto al afirmar que “del análisis del proyecto sancionado por el Poder Legislativo se observa que no cumple con los recaudos legales antes mencionados”, además de que “la fuente de financiamiento prevista a través del artículo 9° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.795 es manifiestamente insuficiente y, además, no configura una fuente real de financiamiento”. En Casa Rosada señalan que la Ley atenta contra las medidas de superávit fiscal.
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