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El pasado 11 de septiembre, la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación inició el proceso para designar a una nueva autoridad al frente del organismo, acéfalo desde el año 2009. Celebramos este avance y solicitamos que dicho proceso sea transparente, participativo y se rija por lineamientos claros y objetivos. Las postulaciones podrán presentarse hasta el 8 de octubre.
La Defensoría del Pueblo exhibe un rol fundamental en la protección de los derechos humanos y en el control de los actos de gobierno. En efecto, se trata de una entidad autónoma con una amplia gama de facultades: puede realizar investigaciones para el esclarecimiento de los actos u omisiones de la Administración Pública nacional y sus agentes, judicializar casos de violaciones a los derechos humanos, proporcionar asesoramiento y asistencia jurídica frente a consultas o reclamos de la ciudadanía, impulsar campañas de promoción de derechos, proponer reformas normativas y asesorar autoridades públicas. Sin embargo, pese a los reiterados reclamos de las organizaciones de la sociedad civil, hace 16 años que este cargo permanece vacante.
El pasado 11 de septiembre el Congreso decidió iniciar el proceso de designación de su titular. Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitan que dicho proceso sea transparente, participativo y se rija por lineamientos claros y objetivos a fin de asegurar que quien ocupe un rol de semejante relevancia alcance los más altos estándares de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y compromiso con los derechos humanos.
Los requisitos para ocupar el cargo previstos por la Ley 24.284 son: ser argentino/a y tener como mínimo 30 años de edad. Quienes deseen postularse deberán enviar su currículum vitae, DNI, certificado de antecedentes penales, certificado de deudores alimentarios y título terciario/universitario en caso de contar con él, por correo electrónico a defensoria@senado.gob.ar, o bien presentar la documentación de forma presencial en Av. Entre Ríos 149, 6° piso, Oficina “D”, Ciudad de Buenos Aires.
La falta de designación de un Defensor o Defensora del Pueblo durante más de una década constituye un incumplimiento flagrante de un mandato constitucional expreso, con consecuencias directas sobre el control de la gestión pública y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Por ello, ACIJ exige al Congreso de la Nación que avance de manera definitiva en el nombramiento de una persona que demuestre ser idónea desde el punto de vista técnico y moral, tener independencia político-partidaria y un fuerte compromiso con los derechos humanos. Es tiempo de saldar esta deuda histórica con la democracia argentina.
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