El gobierno porteño quiere demolerlo y las asociaciones civiles rehabilitarlo
El Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) —órgano consultivo encargado de proteger el patrimonio urbano— anunció una nueva reunión para debatir si se retira la protección patrimonial del histórico puente. De concretarse esta medida, el viaducto centenario quedaría habilitado para su demolición. Esta será la sexta vez que se intenta tratar el tema, luego de cinco aplazamientos previos.
Ante esta situación, la organización Basta de Demoler (BDD) y la Fundación Ciudad enviaron una carta abierta dirigida a los integrantes del CAAP. En el escrito, ambas entidades subrayan la relevancia del Informe Polimeni, elaborado por el ingeniero civil Martín Polimeni a solicitud del gobierno porteño, el cual proponía un plan para restaurar la estructura. Sin embargo, la administración nunca presentó formalmente ese informe al Consejo.
Las dos asociaciones también advierten sobre el rol que desempeñó Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), la empresa encargada de gestionar las autopistas de la ciudad, en el proceso de discusión dentro del CAAP. Según detallan, AUSA habría mantenido encuentros con miembros del consejo, funcionarios del área de cultura y urbanismo, e incluso legisladores, con el objetivo de persuadirlos sobre la necesidad de reemplazar el puente.
La carta además recuerda que, en 2022, los ingenieros Tomás del Carril y Javier Fazio realizaron un informe técnico en el que se reconocía el valor histórico de la estructura, aunque también se mencionaban ciertos problemas. A pesar de ello, propusieron una alternativa que permitía preservar el puente al tiempo que se garantizaba la seguridad del tránsito. Esta opción fue desestimada por AUSA, que encargó una nueva evaluación a Polimeni.
Si bien Polimeni no asistió personalmente al CAAP, BDD y Fundación Ciudad repasaron los principales hallazgos de su análisis en la carta. Detallaron que, tras realizar las evaluaciones pertinentes, el ingeniero desarrolló un plan de rehabilitación que fue ejecutado por AUSA durante el verano pasado. Entre las intervenciones realizadas se encuentran el refuerzo de los reticulados con nuevas piezas metálicas, soldadas a la estructura original, así como la limpieza y protección de la superficie del puente.
Estas obras se llevaron a cabo entre finales de 2024 y principios de 2025. Luego de permanecer cerrado al tránsito durante casi dos años, el puente fue reabierto en marzo para vehículos livianos. En ese contexto, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, había declarado: “Escuchamos el reclamo de los vecinos: un puente cerrado durante años y una obra que parecía imposible. Hoy, la hicimos realidad”.
Por su parte, el arquitecto especializado en patrimonio Marcelo Magadán opinó que la intención de demoler el puente “carece de sustento técnico y contradice los informes encargados por el propio gobierno”. Señaló que tanto el análisis de Del Carril y Fazio como el de Polimeni coinciden en que el viaducto puede ser preservado y rehabilitado de forma segura. Además, denunció que AUSA notificó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sobre una eventual demolición por motivos de seguridad, omitiendo los informes previos que avalan su conservación. La CNRT, en respuesta, recordó al gobierno porteño que debe cumplir con los compromisos asumidos.
Según la carta, el informe Polimeni afirma que “el acero es soldable” y que los daños detectados son de baja o moderada gravedad, sin representar un riesgo estructural. De hecho, aclara que dichas fallas pueden ser corregidas durante el proceso de restauración. También sostiene que, una vez completadas estas tareas, el puente tendrá una alta capacidad estructural y una vida útil prolongada sin límite de tiempo, siempre que se mantenga adecuadamente.
El documento concluye que el viaducto se encuentra en un “estado aceptable de conservación”, con un nivel leve de corrosión, que “el acero original presenta soldabilidad reducida” pero no comprometida, y que la estructura cuenta con redundancias internas que aumentan su estabilidad. De este modo, reitera que su utilidad puede extenderse sin restricciones temporales si se realiza el mantenimiento correspondiente.
Este informe es especialmente relevante en el actual debate, ya que nunca fue incluido por AUSA en la documentación presentada al CAAP para justificar la descatalogación del puente. Por ello, las organizaciones aseguran que se está proporcionando información parcial.
Cabe recordar que desde 2016 el puente cuenta con protección patrimonial, lo que implica que cualquier intervención que modifique su estado requiere la aprobación del CAAP. Hasta que el Consejo no se pronuncie oficialmente, el gobierno no puede avanzar legalmente con su demolición.