El legislador Ignacio José Parera presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto de ley 2733-D-2025, que propone que la Ciudad adhiera al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 61/2025, el cual reglamenta el artículo 176 de la Ley Nacional 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
El artículo 1° del proyecto establece la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires a la norma nacional, mientras que el artículo 2° instruye al Ministerio de Justicia local a implementar las acciones necesarias para su cumplimiento.
El Decreto 61/2025, publicado en el Boletín Oficial el 6 de febrero de 2025, reglamenta el artículo 176 de la Ley 24.660, que exige la existencia de establecimientos penitenciarios separados para hombres y mujeres. La nueva reglamentación dispone que la autoridad penitenciaria deberá determinar el alojamiento, reubicación o traslado de las personas privadas de libertad en función del sexo registral consignado al momento del hecho por el cual se dictó la detención, en conformidad con la Ley 26.743 de Identidad de Género.
El decreto también prohíbe el alojamiento en establecimientos femeninos de personas que hayan realizado una rectificación registral de sexo cuando se cumplan determinadas condiciones:
a) si la condena corresponde a delitos de los Títulos I, III y V del Libro II del Código Penal o a cualquier otro cometido con violencia hacia la mujer;
b) si la autoridad penitenciaria determina que su alojamiento implica riesgo para la seguridad o integridad física, psíquica o moral de las internas.
Asimismo, establece que no podrá autorizarse la reubicación en función de una rectificación de sexo tramitada después del hecho delictivo que motivó la detención.
En los fundamentos, el legislador Parera recuerda que el decreto nacional responde a un caso ocurrido en la provincia de Córdoba, donde una persona condenada en 2016 por violencia contra una mujer fue trasladada a un penal femenino tras rectificar su sexo registral, lo que derivó en abusos contra otras internas.
El texto sostiene que esta situación representó una vulneración de derechos y plantea que “ninguna normativa puede ser invocada para menoscabar la integridad del ser humano”. En ese sentido, el proyecto subraya que la reconstrucción normativa debe garantizar tanto el derecho a la identidad como la seguridad y dignidad de todas las personas privadas de libertad.
Parera agrega que la Ciudad se encuentra en un proceso de elaboración de su propia ley de ejecución penal y creación de un sistema penitenciario autónomo, y que resulta necesario incorporar los criterios establecidos en el Decreto Nacional 61/2025 para fortalecer el respeto al Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos dentro del sistema carcelario local.
El proyecto, actualmente a la espera de su giro a comisión, invita a los legisladores porteños a acompañar la iniciativa, destacando la competencia de la Legislatura en materia de seguridad pública y penitenciaria y la importancia de garantizar un marco jurídico claro y equilibrado para el cumplimiento de las penas privativas de libertad .