Victoria Freire, legisladora porteña, presentó un pedido de informes en la Legislatura de Buenos Aires para que el Ejecutivo local dé cuenta del fallido desalojo y posible demolición del edificio en Carlos F. Melo 580, pleno corazón de La Boca. La iniciativa, que pide respuesta en 30 días una vez aprobada, busca aclarar desde la propiedad del inmueble hasta el impacto en las familias afectadas, en un barrio donde la vivienda precaria es polvorín social.
El proyecto pone el dedo en la llaga con preguntas puntuales: ¿quién es el dueño o poseedor actual del lugar? Si es bien público, ¿se usa para lo público o privado, y qué repartición lo maneja? Freire reclama detalles del origen del aviso de desalojo –si vino por el CUCC, la 103, orden judicial, pedido de otro área gubernamental u otro vía– más el número de expediente para rastrear el trámite. También exige el protocolo actuado, la norma que lo respalda, las reparticiones involucradas y las pericias técnicas hechas antes de cualquier demolición.
No para ahí: pide datos de inspecciones previas, notificaciones o trámites administrativos con papeles que lo avalen. En lo humano, quiere saber cuántas familias fueron desalojadas, quiénes las integran y si les tiraron un subsidio habitacional o cupo en planes de vivienda, con soluciones concretas por caso. Cierra preguntando el futuro del edificio: ¿para uso público o privado? Todo en un barrio donde la emergencia habitacional aprieta como nunca.
En los considerandos, Freire pinta el panorama crudo de La Boca: déficit habitacional que ahoga a más de 500 mil personas en CABA, villas con servicios de cuarta, gente en la calle y conventillos atestados. “Estas operaciones deben ser transparentes, con gente formada y planes que garanticen el derecho a techo, como marcan los tratados de derechos humanos que firmamos”, dispara la legisladora. Advierte que sin datos claros, no hay cómo armar soluciones dignas ni políticas públicas efectivas contra el desmembramiento barrial.
El expediente duerme en comisiones, a la espera del ok legislativo. Para vecinos de La Boca, Nueva Pompeya o cualquiera en la lucha por vivienda en CABA 2026, este pedido es un llamado a fiscalizar: desalojos en Comuna 4, crisis habitacional Buenos Aires, demoliciones controvertidas. Freire insiste: sin info precisa, no hay salida al laberinto de la pobreza urbana.
