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El sistema de atención a personas con discapacidad, en riesgo por medidas insuficientes.
La emergencia en discapacidad es hoy una realidad que afecta a terapias, transporte y centros de atención en todo el país. La situación del sector de discapacidad en Argentina se acerca cada vez más al abismo. Tras la última reunión del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de la nueva “Secretaría de Discapacidad”, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, las organizaciones de prestadores y familias manifestaron su rechazo a las recientes medidas del gobierno nacional. Denuncian que el aumento otorgado es insuficiente y contraviene la ley de Emergencia en Discapacidad Nº 27.793, poniendo en peligro la continuidad de centros de día, transportes y terapias fundamentales.
El problema central radica en la base de cálculo y el desfase acumulado. En la reunión del 12 de febrero, el gobierno nacional, encabezado por el secretario de Discapacidad y exdirector ejecutivo de la ANDIS, Alejandro Alberto Vilches, dictaminó un incremento del 5,78% para febrero de 2026. Sin embargo, el Foro Permanente por la Discapacidad advierte que este porcentaje es una “trampa matemática”. Los prestadores reclaman un aumento real del 40% para recomponer la situación, argumentando que, si se aplican porcentajes bajos sobre aranceles congelados y que arrastran deudas de años anteriores, la brecha con el costo de vida se vuelve insalvable.
El Directorio, con los votos negativos de los representantes de la sociedad civil (Pablo Molero y Daniel Lipani), avanzó con una medida calificada por el sector como unilateral. Mientras el gobierno nacional apuesta por una “actualización automática” futura, los prestadores advierten que sin una recomposición inmediata del 40%, el sistema de prestaciones básicas está destinado al colapso.
“No hubo ninguna posibilidad de discusión de nada. Frente a eso nos respondieron: ‘Bueno, esa es la interpretación que hacen ustedes, nosotros tenemos otra, lean el texto como está, vayan al juez’”, relata Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente por la Discapacidad, en diálogo con 4Palabras.
Además del porcentaje de febrero, el Gobierno aprobó por mayoría simple que, a partir de marzo, la actualización sea automática y mensual según el IPC. Aunque a simple vista parece una solución técnica, para el sector es una forma de cristalizar la pérdida de poder adquisitivo. Al tomar como base enero de 2025 para futuros aumentos, se omite la compensación obligatoria del período diciembre 2023 / diciembre 2024. “La persona que no está en el sector tiene que entender que hay gente que todavía no cobró octubre. En muchos casos les están debiendo cuatro meses”, indica Molero.
El incumplimiento de los aranceles mínimos provoca el cierre de instituciones incapaces de cubrir sus costos operativos, la suspensión de servicios de transporte, y la precarización del personal. Además, las personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos siguen percibiendo solo 28 mil pesos mensuales.
Desde la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), la postura es de alerta máxima. La organización analizó el decreto 84/2026, que reglamenta la ley de manera parcial, y señaló que este marco legal surgió únicamente por la presión de un amparo colectivo en la justicia de Campana, no por iniciativa del Ejecutivo.
“Es lamentable que el gobierno no cumpla con la ley, es un claro ejemplo de la falta de compromiso que perjudica gravemente a las personas con discapacidad. Este aumento es insuficiente y pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios”, afirman desde AIEPESA.
Fuente consultada: 4palabras.com Foto. Foro de discapacidad
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