Con la firma del presidente Javier Milei y el flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, el Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), conseguido en un tratamiento exprés durante las sesiones extraordinarias: la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El Decreto 138/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, pone en marcha el nuevo régimen penal aprobado por el Senado el pasado 27 de febrero, que establece un sistema de responsabilidad penal para adolescentes y crea un esquema procesal específico para menores de edad.
La reforma fue defendida por el oficialismo como una herramienta para enfrentar los problemas de inseguridad, a pesar de que la participación de adolescentes en delitos en Argentina se encuentra entre las más bajas de América Latina. Durante el debate parlamentario, la iniciativa fue respaldada por el oficialismo junto a sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales, en una votación que terminó con 44 votos a favor y 27 en contra.
El argumento central del Gobierno para impulsar la reforma fue la necesidad de actualizar el régimen penal juvenil vigente, cuya última sanción se remonta a la última dictadura militar y que, según sus impulsores, carecía de herramientas procesales modernas como plazos definidos para determinar la responsabilidad penal. La nueva legislación establece un sistema de sanciones aplicables según la edad del adolescente y la gravedad del delito, con medidas que en el plano formal priorizan la educación y la reinserción social.
Sin embargo, el propio diseño de la ley genera dudas sobre su aplicación efectiva. El nuevo régimen deberá ser implementado por las provincias, pero con un aporte limitado por parte del Estado nacional, lo que abre la puerta a una implementación desigual según los recursos disponibles en cada jurisdicción. A esto se suma la situación crítica de las cárceles y de los institutos de menores, un escenario que ya fue señalado por distintos sectores como un obstáculo para cumplir con los objetivos socioeducativos que plantea la norma.
Los especialistas analizan el impacto de las encarcelaciones en los adolescentes
Ezequiel Mercurio, médico psiquiatra especializado en medicina legal, encabeza un estudio del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses (CIDIF) de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires (ANCBA), que busca profundizar en el conocimiento sobre el impacto del encarcelamiento en el cerebro adolescente. En este sentido, distintos estudios científicos cuestionan la idea de que endurecer el sistema penal sea una respuesta eficaz frente al delito adolescente. La evidencia disponible sobre el desarrollo del cerebro durante la adolescencia indica que esta etapa se caracteriza por una mayor vulnerabilidad y por procesos neurológicos todavía en formación, especialmente en áreas vinculadas con el control de impulsos, la autorregulación y la toma de decisiones.
El desarrollo cerebral durante la adolescencia no ocurre de manera uniforme y el lóbulo frontal, clave para evaluar riesgos y consecuencias, es una de las últimas regiones en madurar. En este contexto, los adolescentes presentan mayor sensibilidad a la presión de pares, al estrés y a las recompensas inmediatas, lo que influye en la forma en que toman decisiones. Las conductas antisociales, en la mayoría de los casos, se producen en contextos de alta carga emocional y presión social, donde el margen de reflexión es limitado y las respuestas tienden a ser más impulsivas.
La evidencia también señala que la mayoría de los adolescentes que cometen delitos no continúan una trayectoria delictiva en la adultez. Por el contrario, incorporar tempranamente a jóvenes al sistema penal y a entornos de privación de libertad suele tener efectos negativos sobre su desarrollo, al aumentar el estrés y la exposición a experiencias adversas en una etapa clave de formación. Los jóvenes que pasan por instituciones de encierro presentan mayores probabilidades de abandono escolar, dificultades de integración social y reincidencia delictiva en comparación con quienes atraviesan procesos socioeducativos fuera del sistema carcelario.
A esto se suma que no existen pruebas concluyentes de que la baja de la edad de responsabilidad penal reduzca los niveles de inseguridad. Por el contrario, distintos antecedentes judiciales y recomendaciones de organismos internacionales han advertido sobre los riesgos de avanzar en esa dirección. La propia experiencia argentina ya fue cuestionada a nivel internacional cuando el país fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras aplicar penas extremadamente severas a adolescentes, lo que marcó un precedente sobre los límites del sistema penal frente a menores de edad.
En ese contexto, la decisión de avanzar con la baja de la edad de imputabilidad vuelve a instalar un enfoque punitivo frente a la inseguridad, que prioriza el endurecimiento de las sanciones antes que políticas de prevención, inclusión social y fortalecimiento de sistemas de protección para adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. La nueva ley plantea medidas socioeducativas como objetivo formal, pero su implementación real dependerá de recursos y políticas públicas que hoy aparecen como una incógnita.
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