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La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) ha sentado una postura firme y unánime frente al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) que actualmente se debate en el Congreso Nacional. A través de su Consejo Directivo, la institución expresó una profunda preocupación por las consecuencias ambientales y sociales que tendría alterar el marco normativo que protege estas reservas estratégicas de agua.
Para la comunidad académica, los glaciares y el ambiente periglacial no son solo paisajes de alto valor estético, sino piezas fundamentales de un engranaje hidrológico crítico. Estos ecosistemas funcionan como reguladores naturales del ciclo del agua y son los responsables de la recarga de cuencas que abastecen a gran parte del territorio nacional. Su protección es, en última instancia, una garantía para la biodiversidad, el desarrollo productivo y el bienestar de la sociedad en su conjunto.
La decana de la facultad, Adriana Rodríguez, llevará esta postura institucional a la audiencia pública para defender la vigencia de la normativa actual. Durante su intervención ante el Consejo Superior de la UBA, Rodríguez fue categórica al señalar que cualquier retroceso en la protección de estos suelos pone en jaque la seguridad hídrica de regiones enteras, especialmente en las zonas áridas y semiáridas del país donde el recurso es más escaso.
El eje del reclamo científico radica en que la modificación de la ley no solo afecta a un ecosistema aislado, sino que impacta directamente en la disponibilidad de agua para consumo humano, para el riego agrícola y para los procesos productivos. «Estamos hablando de garantizar el agua para millones de personas», advirtió la decana, subrayando que la discusión trasciende lo ambiental para convertirse en un tema de supervivencia económica y social.
La resolución completa emitida por el Consejo Directivo, que detalla los fundamentos técnicos y legales de este rechazo, se encuentra disponible para su consulta pública en el sitio oficial de la facultad. Con este posicionamiento, la FAUBA busca aportar evidencia científica al debate legislativo y evitar un daño irreversible sobre las fuentes de agua dulce más importantes de la Argentina.
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