Un informe de la Auditoría porteña expone fallas estructurales, recortes de personal y desidia administrativa en áreas clave de control sanitario
Más de ocho de cada diez infracciones graves en la Ciudad de Buenos Aires no fueron cobradas. El dato, contundente, surge de un informe de la Auditoría General porteña que pone en evidencia algo más que una falla administrativa: revela un esquema de desarticulación estatal que impacta directamente en la salud pública, el ambiente y el cumplimiento de las normas básicas de convivencia urbana.
El organismo detectó que el 82% de las multas correspondientes a Faltas Especiales prescribieron sin sanción. Se trata de infracciones vinculadas a áreas sensibles como bromatología, higiene, sanidad, residuos patogénicos y actividades ilegales. Es decir, no son faltas menores: son incumplimientos que pueden afectar directamente la calidad de vida de la población.
El argumento oficial para explicar este nivel de ineficacia es la “falta de personal”. La Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales cuenta con apenas 174 trabajadores, cuando debería tener al menos 378 según la normativa vigente. La reducción del 54% de la planta no solo limita la capacidad operativa, sino que funciona como una justificación recurrente para la inacción.
Sin embargo, el problema excede lo cuantitativo. La auditoría también identificó fallas graves en los procedimientos: actas mal confeccionadas, notificaciones que no llegan o cuya recepción no puede verificarse, y ausencia de impulso procesal. En otras palabras, un sistema que no solo carece de recursos, sino también de controles efectivos y voluntad de funcionamiento.
El informe es explícito al señalar las consecuencias: la inacción administrativa no solo debilita el cumplimiento del régimen de faltas, sino que además genera un perjuicio económico al Estado al impedir la recaudación de sanciones. Pero el costo más alto no es fiscal, sino social: la falta de control habilita un terreno fértil para la informalidad, el riesgo sanitario y la impunidad.
Este escenario no aparece de manera aislada. Se inscribe en un proceso más amplio de reducción del Estado que, si bien no comenzó con la actual gestión, se profundiza bajo el gobierno de Jorge Macri. El achique de la planta estatal, la fusión de ministerios y la eliminación de organismos forman parte de una estrategia política que prioriza el recorte por sobre la capacidad de gestión.
En paralelo, a nivel nacional, el vaciamiento de organismos como el SENASA y el ANMAT refuerza una tendencia preocupante: la retirada del Estado de funciones esenciales de control y regulación. La coincidencia temporal entre estos procesos no parece casual, sino parte de una misma lógica de desmantelamiento.
El resultado es un Estado que se achica en áreas críticas mientras los problemas que debería atender se expanden. La falta de personal, lejos de ser un imprevisto, aparece como una consecuencia directa de decisiones políticas que terminan erosionando la capacidad de control. Así, lo que se presenta como un ajuste administrativo termina traduciéndose en una renuncia a funciones básicas. Y en esa renuncia, las infracciones no solo dejan de cobrarse: dejan de importar.
