Una denuncia realizada por el padre de una alumna derivó en un allanamiento y la imputación de un adolescente de 16 años en el barrio porteño de Balvanera, tras la circulación de imágenes en las que se lo veía con un arma de fuego dentro de una escuela, informó este miércoles el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF-CABA).
El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo de Mauro Tereszko, que avanzó con la investigación luego de que se difundieran fotos en un grupo de mensajería escolar. En las imágenes, el joven aparecía junto a otros dos compañeros exhibiendo un revólver en el baño del establecimiento educativo.
A partir de la denuncia, la jueza Alicia Baridón Gómez, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, autorizó el allanamiento del domicilio del adolescente, quien además ya estaba siendo investigado por un hecho de robo.
Durante el procedimiento, en el que intervinieron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, se secuestraron el teléfono celular del menor, una computadora portátil y un disco rígido, elementos que serán peritados para profundizar la causa.
El joven fue imputado por los delitos de intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, cuya pena máxima puede alcanzar los siete años de prisión.
El episodio se enmarca en una serie de situaciones vinculadas a amenazas en instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires. Ante estos casos, las autoridades aplican el “Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”, impulsado por el Ministerio de Educación.
Este protocolo articula acciones entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de intervenir de manera rápida y coordinada.
En este contexto, el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, destacó la importancia del trabajo conjunto: “Se ha implementado un esquema de coordinación inmediata con el CIJ, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes”.
Según explicó, la identificación y eventual responsabilización de los autores no solo permite avanzar en cada caso concreto, sino que también cumple una función preventiva al desalentar la reiteración de este tipo de conductas.
La investigación continúa en curso mientras se analizan los dispositivos electrónicos secuestrados y se profundizan las medidas para determinar el alcance de los hechos.
J.C.
Foto: MPF-CABA
