El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) clausuró un corralón que denominan como “ilegal” y se dedicaba a abastecer construcciones dentro del barrio precario con el resultado de tres detenidos.
El corralón era utilizado para “el fraccionamiento y la distribución clandestina de materiales de construcción hacia el interior del barrio durante la noche” según el informe del propio GCBA. Fue clausurado bajo un operativo de la Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control.
Desde el ejecutivo porteño sostienen que la Ley 6.129 de urbanización del Barrio 31 “prohíbe la existencia de corralones dentro de una zona específica para evitar el crecimiento descontrolado, lo que aumenta los riesgos estructurales y de seguridad para los vecinos. Pese a no estar habilitado, el corralón clausurado acopiaba grandes cantidades de ladrillos, hierro, arena y otros insumos. Durante la inspección, también se hallaron pallets de bebidas que se comercializaban sin autorización.”
Hasta el momento ya van cinco corralones que fueron clausurados recientemente, como parte del “plan de ordenamiento que impulsa el gobierno porteño”.
A su vez, en las últimas semanas, se realizaron “operativos de saturación para reforzar la seguridad” donde se montaron retenes policiales y se peatonalizaron calles con la intención de frenar la entrada de materiales de construcción.
Este corralón fue clausurado la semana pasada y se le soldó el portón de acceso. Sin embargo, el sábado la policía comprobó que “la entrada había sido violentada” y al ingresar encontraron una persona intentando retirar materiales por lo que lo imputaron “por violación de clausura”. El martes interceptaron otras tres personas que habían entrado al corralón y fueron detenidas por lo mismo y además por “resistencia a la autoridad”.
Desde las autoridades porteña sostienen que el avance en todas estas medidas son para regularizar la situación dado que la urbanización del Barrio 31, como fue diseñado desde 2016, “no pudo evitar un crecimiento urbano sin control ni logró propiciar un ordenamiento territorial, que eran objetivos de la Ley 6.129: allí viven alrededor de 45 mil personas en condiciones muy precarias en un predio de 72 hectáreas ubicado frente al barrio de Retiro”.
Según el jefe de gobierno, Jorge Macri: “La ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos” por lo que: “No vamos a permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. Queremos que haya reglas que se cumplan, con más seguridad y mejores condiciones de vida”.
