En el corazón del Barrio Padre Mugica, frente a la tumba del Padre Carlos Mugica, el repique de las campanas de la Parroquia Cristo Obrero marcó este domingo algo más que el inicio de una ceremonia religiosa.
Fue el escenario elegido por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, para lanzar una respuesta contundente al reciente despliegue de seguridad del Gobierno porteño. Ante una multitud de vecinos y referentes sociales, el prelado redefinió el concepto de «Tormenta Negra», el nombre que la Policía de la Ciudad eligió para el megaoperativo de saturación que días atrás sacudió a 17 asentamientos de la Capital.
La misa, cargada de una fuerte impronta política y social, se celebró bajo el clima de tensión que dejó el procedimiento del pasado jueves 14 de mayo. Aquella noche, más de 1.500 agentes irrumpieron simultáneamente en barrios como la Villa 31, la 1-11-14, Zavaleta y Ciudad Oculta. Según las cifras oficiales del Ministerio de Seguridad encabezado por Jorge Macri, la acción arrojó 27 detenidos y la clausura de búnkers y comercios vinculados al narco. Sin embargo, para la Iglesia y los curas villeros que flanquearon a García Cuerva, la realidad en el territorio mostró una cara muy distinta, marcada por la sobreactuación y el perjuicio a los trabajadores de la economía popular.
Durante su homilía, García Cuerva utilizó el nombre del operativo policial para devolver una crítica sistémica a la gestión del Estado. El arzobispo advirtió que para quienes habitan cotidianamente los barrios populares, la verdadera «tormenta negra» no es una incursión policial de una noche, sino el narcotráfico instalado, la falta de empleo y, fundamentalmente, el retiro de las instituciones públicas. Sostuvo que este fenómeno de abandono y falta de oportunidades para los jóvenes es una realidad que los barrios sufren desde hace décadas y que no se resuelve con operativos de saturación.
Al finalizar la ceremonia, el clima de reclamo se intensificó cuando un grupo de vecinos entregó al arzobispo una carta donde denunciaron situaciones de violencia y hostigamiento vividas durante el despliegue del jueves. En el texto, compartido por las comunidades parroquiales, se reconoció la necesidad de combatir el delito, pero se repudió el «show mediático» que, según afirmaron, terminó afectando a vendedores de comida y secuestrando herramientas de trabajo en un contexto de profunda crisis económica.
En sintonía con el arzobispo, el cura villero Lorenzo «Toto» de Vedia tomó la palabra para advertir sobre un retroceso en las políticas habitacionales. De Vedia señaló que el nivel de hostigamiento actual acrecienta la estigmatización sobre los pobres e inmigrantes, y alertó sobre una sensación inquietante que recorre los pasillos de las villas: el «olor a erradicación». El referente religioso apeló a la integración urbana real, con acceso a cloacas, salud y educación, en lugar de tácticas de discriminación y desprecio.
El acto concluyó con un llamado al diálogo tanto con el Gobierno de la Ciudad como con el de la Nación. García Cuerva invocó el legado del Padre Mugica para pedir un «nuevo amanecer» basado en el encuentro y la fraternidad. Desde la Cristo Obrero, la Iglesia ratificó su compromiso de mantener el esquema de «capilla, colegio y club» como barrera de contención frente a los mercaderes de la droga, reafirmando que el camino hacia la seguridad no pasa por la exhibición de fuerza, sino por la presencia permanente y digna del Estado en los barrios.
Declaración conjunta
Tras la celebración de la Eucaristía en la Parroquia Cristo Obrero del Barrio Padre Mugica, los curas villeros y las comunidades de los barrios populares emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su firme postura respecto a la situación social y de seguridad actual. Frente a la tumba del Padre Carlos Mugica, el colectivo ratificó su vocación de servicio en estos sectores obreros, al tiempo que lanzó duras críticas al despliegue policial realizado el pasado jueves 14 de mayo.
En el texto, los referentes religiosos y sociales aclararon que, si bien sostienen un pedido histórico de mayor presencia estatal y seguridad para combatir el narcotráfico, repudian enérgicamente las formas del reciente «operativo antinarco» llevado a cabo en las villas de la ciudad. Denunciaron que el procedimiento estuvo marcado por una sobreactuación exagerada que afectó a trabajadores de la economía popular, señalando con tristeza que se incautaron alimentos, ropa de venta y vehículos de vecinos que intentan subsistir en un contexto de profunda escasez de empleo.
El comunicado enfatiza que las villas no necesitan «shows mediáticos» ni ser tratadas con una mirada paternalista o caricaturesca, sino que requieren ser reconocidas como espacios donde los vecinos son los verdaderos protagonistas de sus vidas. Según los firmantes, este tipo de hostigamiento solo profundiza la estigmatización y el desprecio hacia los sectores más pobres y la población inmigrante, alejando las posibilidades de una convivencia empática y solidaria.
La demanda central de la Iglesia y las organizaciones sociales apunta a una integración urbana real y no a acciones espasmódicas. Exigen el acceso a derechos básicos como cloacas, vivienda digna, agua potable y un tendido eléctrico seguro, además de políticas públicas que garanticen alimentos, salud y un acompañamiento integral para niños y jóvenes frente al avance de los mercaderes de la droga. En un tono de alerta, el documento advierte sobre un creciente «olor a erradicación» que preocupa a las comunidades.
Finalmente, los curas de las villas renovaron su compromiso de sostener el esquema de «capilla, colegio y club» como pilares de organización comunitaria. Manifestaron su plena disposición al diálogo con el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de la Nación, instando a buscar de manera conjunta soluciones que garanticen el bienestar, el trabajo y el pan para cada vecino y vecina de los barrios populares.
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