El Gobierno nacional avanzó con una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que apunta a desregular el servicio, ampliar la cantidad de prestadores y eliminar la intervención estatal en la fijación de precios. La medida fue oficializada mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte.
La normativa establece que cualquier taller, concesionaria o importador que cumpla con los requisitos técnicos podrá inscribirse para realizar controles vehiculares, en el marco de un registro nacional que pasa a ser abierto, digital y gratuito.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la liberalización del precio de la RTO, que a partir de ahora será acordado directamente entre el usuario y el prestador, sin tarifas reguladas por el Estado. Según el texto oficial, la finalidad es fomentar la competencia y mejorar la disponibilidad del servicio.
En ese sentido, la resolución deja sin efecto mecanismos previos que limitaban el ingreso de nuevos actores al sistema, lo que —de acuerdo a los considerandos— había generado restricciones en la oferta y menor dinamismo en el sector.
El nuevo esquema también redefine el rol del Estado, que se concentrará en la supervisión técnica, la auditoría de los talleres y la administración de un registro unificado. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de controlar el cumplimiento de las normas, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) deberá adecuar sus procedimientos.
Como parte de la modernización del sistema, se implementará una base de datos nacional que reunirá la información de todas las revisiones técnicas realizadas, incluyendo resultados e historial de cada vehículo. Este sistema deberá estar operativo en un plazo de 90 días.
La resolución introduce además un mecanismo para agilizar habilitaciones: si la autoridad no responde en un plazo de 30 días a una solicitud de inscripción, el taller quedará autorizado de manera provisoria, sujeto a controles posteriores.
En paralelo, se actualizaron los requisitos técnicos para los talleres, con el objetivo de simplificar exigencias administrativas sin afectar los estándares de seguridad. Entre otros puntos, se mantienen las condiciones mínimas de equipamiento y la obligación de contar con un director técnico responsable.
El nuevo régimen también ratifica la emisión del Certificado de Revisión Técnica (CRT), tanto en formato físico como digital, junto con la oblea visible en el parabrisas para facilitar los controles en la vía pública.
J.C.
