La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una reforma integral del régimen de Verificación Técnica Vehicular (VTV) al sancionar el despacho de mayoría que modifica la Ley N° 2.265, con cambios en la frecuencia de los controles, el esquema de prestación del servicio y el sistema de precios.
El proyecto, impulsado por la diputada María del Pilar Ramírez, apunta a desregular y ampliar la oferta del servicio, en un esquema que deja atrás el modelo cerrado vigente hasta ahora.
Nuevos plazos para la verificación
Uno de los cambios centrales es la modificación en la periodicidad de la VTV. La nueva ley establece que los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera verificación a los cinco años desde su patentamiento.
A partir de allí, los vehículos de hasta diez años de antigüedad deberán realizar la VTV cada dos años, mientras que aquellos que superen esa antigüedad deberán hacerlo de forma anual.
Según el despacho aprobado, esta adecuación responde a la mejora en los estándares de seguridad y durabilidad de los vehículos más nuevos, lo que permite espaciar los controles iniciales.
Sistema abierto y más competencia
La reforma también introduce un cambio estructural en el sistema: se habilita un modelo abierto que permitirá que talleres, concesionarios e importadores de vehículos puedan realizar la verificación técnica, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
De esta manera, se elimina el límite en la cantidad de plantas verificadoras y se busca ampliar la oferta de servicios, con el objetivo de mejorar la disponibilidad y facilitar el acceso para los usuarios.
En ese marco, se crea un Registro Único de Talleres habilitados y se refuerzan los mecanismos de fiscalización por parte del Estado, incluyendo auditorías, inspecciones y controles sobre los prestadores.
Fin de las tarifas reguladas
Otro de los puntos clave de la ley es la desregulación del precio de la VTV. A partir de la nueva normativa, las estaciones de verificación podrán fijar libremente el valor del servicio, sin tarifas mínimas ni máximas establecidas por el Gobierno porteño.
El texto aprobado sostiene que esta medida fomentará la competencia entre prestadores y contribuirá a una mayor diversidad de opciones para los conductores.
Otros cambios en el régimen
La ley también introduce modificaciones en distintos aspectos del sistema, como la posibilidad de realizar verificaciones técnicas rápidas aleatorias en la vía pública, la digitalización de los registros de inspección y nuevas obligaciones para los talleres, que deberán contar con dirección técnica profesional y cumplir estándares específicos.
Asimismo, se establecen reglas más precisas sobre la documentación, la emisión de certificados —que podrán ser digitales— y los mecanismos de control en la vía pública.
En paralelo, se fijan sanciones para los prestadores que incumplan la normativa, que van desde apercibimientos hasta la pérdida de la habilitación.
Un debate con diferencias de enfoque
Durante el tratamiento legislativo también se presentó un despacho de minoría que proponía una reforma alternativa con mayor regulación estatal, incluyendo tarifas máximas, controles más estrictos sobre la imparcialidad de las verificaciones y criterios adicionales vinculados al kilometraje de los vehículos.
Sin embargo, esa propuesta no fue aprobada, y finalmente se impuso el despacho de mayoría, que impulsa un esquema más flexible, con mayor apertura del mercado y menor intervención en la fijación de precios.
La implementación del nuevo sistema será progresiva, en función del vencimiento de los contratos actuales, para garantizar la continuidad del servicio en la Ciudad.
J.C.
