El programa permitirá reestructurar préstamos personales y de tarjetas de crédito en mora con un plazo mínimo de 24 meses. También incluye beneficios para emprendedores y busca aliviar la situación financiera de miles de hogares porteños
En un contexto en el que muchas familias aún buscan recomponer su economía, la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo programa destinado a facilitar la refinanciación de deudas personales y de consumo. La iniciativa, respaldada por la reciente Ley N.º 6.959, apunta a ofrecer condiciones más accesibles para quienes registran atrasos en el pago de préstamos o tarjetas de crédito y necesitan ordenar sus finanzas.
El Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal permitirá refinanciar obligaciones en mora con una tasa fija que no podrá superar el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA), un nivel que se presenta como uno de los más bajos disponibles actualmente para este tipo de operaciones. Además, los nuevos planes de pago deberán contemplar un plazo mínimo de devolución de 24 meses, otorgando mayor previsibilidad a los deudores.
Las facilidades serán instrumentadas por el Banco Ciudad y por aquellas entidades financieras que decidan adherirse al programa, cuya inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de julio. Los beneficios para los vecinos comenzarán a regir a partir del 3 de agosto y podrán solicitarse durante un período de 60 días.
La iniciativa está orientada especialmente a personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad financiera y mantienen deudas originadas en préstamos personales o consumos con tarjetas de crédito registrados hasta el 1° de junio de 2026.
Desde el punto de vista económico, el programa busca reducir la carga financiera de miles de familias porteñas mediante cuotas más previsibles y una tasa fija inferior a la que suelen ofrecer las refinanciaciones tradicionales. Esto podría contribuir a disminuir la morosidad y permitir que muchos hogares recuperen capacidad de consumo una vez normalizada su situación crediticia.
La normativa incorpora además un capítulo destinado a pequeños emprendedores y trabajadores no registrados. En este caso, el Banco Ciudad deberá implementar, a través de Ciudad Microempresas S.A.U., una línea específica de refinanciación para quienes mantengan obligaciones con la entidad y registren atrasos de entre 60 y 180 días.
El objetivo es brindar herramientas para que pequeños proyectos productivos puedan regularizar sus deudas sin comprometer la continuidad de sus actividades, un aspecto clave para el sostenimiento del empleo independiente y la economía barrial.
Incentivos para que más bancos se sumen
Uno de los aspectos centrales del programa es el incentivo fiscal previsto para las entidades financieras. La Ciudad otorgará una reducción del 50% del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los intereses generados por las refinanciaciones realizadas dentro del régimen. Este beneficio busca ampliar la participación del sistema financiero y fomentar que más bancos ofrezcan condiciones incluso más favorables que las establecidas por la ley, generando una mayor competencia en favor de los deudores.
Con esta medida, el Gobierno porteño apuesta a combinar asistencia financiera con incentivos al sector bancario para facilitar el saneamiento de las economías familiares. Si la adhesión de las entidades es amplia, el programa podría convertirse en una herramienta relevante para aliviar el endeudamiento de miles de vecinos y contribuir a una recuperación más sólida del consumo en la Ciudad de Buenos Aires.
Podrán acceder al programa quienes demuestren:
- Deudas originadas con tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras.
- Mora en situación 2 o 3 del Banco Central (entre 60 y 180 días de atraso).
- Ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos.
- Que los compromisos mensuales de deudas representan más del 30% de los ingresos mensuales del hogar.
- Domicilio real en la Ciudad con una antigüedad mínima de 2 años.
Quedarán excluidos quienes sean propietarios de más de un inmueble, tengan vehículos con una antigüedad menor a 5 años –excepto aquellos destinados a actividades laborales debidamente acreditadas–, sean titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro, tenedores de activos financieros que excedan el total de la deuda reclamada y aquellos que hayan comprado divisas durante el período en el que se generaron deudas.
