En cumplimiento con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el fiscal general a cargo del Área de Análisis de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA, Pablo Ouviña, presentó el cuarto informe de gestión semestral sobre los documentos de inteligencia desclasificados del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 en el barrio porteño de Balvanera. Documento completo.
El documento recopila las actividades desarrolladas por los equipos de Conservación, Análisis Documental y Digitalización durante el primer semestre de 2026. La publicación responde de manera directa a la sentencia dictada por la Corte IDH en enero de 2024, en el marco del caso “Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina”, que obliga al Estado a garantizar la sistematización del archivo bajo buenas prácticas archivísticas y a mantener canales de comunicación constantes con las víctimas y querellantes.
El traslado logístico y la descontaminación por asbesto
Uno de los principales hitos del período reportado fue el inicio de la mudanza del archivo, históricamente resguardado en dos subsuelos del Palacio Barolo, sobre la Avenida de Mayo, hacia el Edificio N°23 del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).
Entre febrero y marzo de este año se realizaron siete operativos logísticos que permitieron trasladar la totalidad de las bases de datos “Salta” y “Estados Unidos”, además de una parte considerable del “Fondo Dirección de Terrorismo”. Los procedimientos contaron con la supervisión de la unidad fiscal, la asistencia del Ministerio de Justicia, y la custodia de la Policía Federal Argentina y el cuerpo de Bomberos.
En paralelo, se iniciaron tareas críticas de saneamiento ambiental. En abril, una empresa especializada comenzó la descontaminación de documentación afectada por asbesto en el Palacio Barolo. Este proceso implicó el reacondicionamiento de 988 cajas originales en 1.902 cajas estandarizadas que quedaron listas para su posterior traslado, mientras se analizan otras muestras para determinar el alcance de la contaminación.
Avances en digitalización y análisis de inteligencia
El equipo de Análisis Documental reportó un avance significativo en el inventario de la base “Contrainteligencia” (EE.UU.). A la fecha se han inventariado 475 cajas, de las cuales 458 contienen material magnético con un total de 54.272 casetes, cifra que representa el 43% del total estimado de esa base. Asimismo, con el apoyo de la DATIP, se digitalizaron 95 videos en formato VHS.
Por otra parte, se produjeron dos informes de investigación clave a partir del material desclasificado:
“Caso Trío”: Una reconstrucción de las operaciones de la SIDE entre 1994 y 1998 sobre tres ciudadanos iraníes vinculados a la empresa IMANCO S.A., detallando el rol del denominado “Testigo A” y sus vínculos con agentes de inteligencia y funcionarios judiciales.
“Agendas de Telleldín”: Un análisis que reconstruye las maniobras de la ex SIDE para averiguar un número telefónico del entorno íntimo de Mohsen Rabbani, cuyos resultados presuntamente no fueron informados en su momento al juzgado de la causa.
En materia de conservación y digitalización, el personal intervino más de 13.000 hojas de papel y estableció que solo el 4,75% de las cintas magnéticas de la Base “EE.UU.” presenta deterioro. A su vez, el equipo de Digitalización optimizó la calidad de 12.436 fojas de la causa principal, poniéndolas a disposición de las partes en formato PDF con sistema OCR a través de la plataforma INDEXAR.
Trabajos en curso y requerimientos a la SIDE
Aunque el personal de la UFI-AMIA aún no se ha instalado físicamente en el predio de la ex ESMA debido a que continúan las obras de infraestructura informática y conectividad, las tareas de control ambiental y edilicio del archivo se realizan mediante inspecciones periódicas.
Actualmente, los equipos trabajan en la elaboración de informes específicos sobre Kanoore Edul y la Triple Frontera, requeridos por la querella de Memoria Activa, con quienes se mantienen reuniones periódicas.
Finalmente, la unidad fiscal reiteró sus pedidos formales a la actual Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para obtener normativas históricas sobre la estructura del organismo y esclarecer si una migración de datos realizada en el año 2018 pudo haber afectado la integridad de los registros informáticos vinculados a la investigación del atentado.
J.C.
