El operativo de control poblacional realizado este jueves por la tarde por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), como se había informado, concluyó con más de 460 personas identificadas, la detección de extranjeros en situación irregular y la retención de dos ciudadanos peruanos acusados de abuso sexual agravado, quienes serán expulsados del país, informó el Gobierno nacional.
El procedimiento se desarrolló sobre avenida Corrientes, incluyó la presencia de efectivos a pie y drones que sobrevolaron frente al centro comercial. También registraron a la gente en muchos de los comercios de la zona.
Es la continuación de otros procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires, en zonas de alto tránsito como Liniers, Constitución, Flores y Once.
Según informaron fuentes oficiales, durante el despliegue del jueves se verificó la situación migratoria de más de 460 personas. En ese contexto, se detectaron casos de irregularidad y se avanzó con las actuaciones correspondientes.
Entre los resultados del operativo, las autoridades destacaron la retención de dos ciudadanos de nacionalidad peruana, quienes registraban acusaciones por abuso sexual agravado. Ambos quedaron a disposición de la Justicia y se inició el proceso para su expulsión del territorio nacional.
“A través de Migraciones y la PFA, desplegamos un nuevo operativo de control migratorio en el barrio porteño de Balvanera. Controlamos a más de 460 personas, detectamos extranjeros en situación irregular y retuvimos a dos ciudadanos peruanos acusados de abuso sexual agravado que serán expulsados del país”, indicó el Ministerio de Seguridad Nacional.
Semanas atrás, a fines de abril, la PFA llevó a cabo un operativo similar en Once, la zona comercial del barrio de Balvanera, con cientos de argentinos y extranjeros identificados. Tras la verificación de antecedentes y situación documental, 15 personas fueron demoradas por irregularidades migratorias y debieron iniciar procesos de regularización.
Ante lo ocurrido aquella vez, legisladores porteños pidieron informes.
El pedido apunta, en primer lugar, a determinar si en el caso de Once -se puede extender a lo ocurrido en Abasto- existió un convenio vigente o un requerimiento formal del Ministerio de Seguridad de la Ciudad que justificara la participación de fuerzas federales en tareas de seguridad en territorio porteño. También solicita detalles sobre la coordinación entre jurisdicciones, incluyendo qué funcionarios locales intervinieron y registros de comunicaciones durante el operativo.
Otro eje central del proyecto es el encuadre normativo de los controles de identidad realizados en la vía pública. En ese sentido, se pide al Ejecutivo que informe qué normas habilitaron a agentes migratorios a requerir documentación sin orden judicial ni indicios de delito, y si hubo intervención previa del Ministerio Público Fiscal.
En redes sociales se compartieron muchos testimonios de personas en el Abasto a las que las pararon sin motivo aparente. “Por portación de rostro”, decían en distintos comentarios para hablar de lo aleatorio de los controles. Además, en algunos casos pidieron que los policias se identificaran, pero estos no tenían distintivo.
J.C.
Foto: PFA
