Sergio Neiffert y Patricia Bullrich | NA
El Gobierno nacional volvió a incrementar por decreto los fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que sumará $26.117 millones adicionales a su presupuesto. Se trata de la cuarta ampliación en lo que va del año y eleva el total asignado al área por encima de los $100 mil millones. El refuerzo fue formalizado en los últimos días mediante un DNU, en un contexto de fuerte ajuste generalizado sobre las cuentas públicas.
La medida coincidió con otra decisión oficial: el bono de $70.000 que perciben quienes cobran la jubilación mínima seguirá congelado, sin actualización desde marzo de 2024. Según cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), si el bono hubiese aumentado al ritmo del presupuesto de inteligencia, en diciembre debería ubicarse en $177.485. La diferencia, de más de $107.000 mensuales, volvió a instalar el debate sobre las prioridades del gasto nacional.
Con el congelamiento, el haber mínimo garantizado alcanzará en diciembre los $410.879, según la última actualización del Gobierno. El monto queda por debajo de la línea de indigencia, estimada por el INDEC en $544.304 para octubre. De acuerdo con CEPA, el poder de compra de las jubilaciones con bono (que recibe más del 60% de los beneficiarios) será, en el trimestre octubre-diciembre de 2025, un 16,5% inferior al registrado en el último trimestre del gobierno anterior.
Mientras tanto, el presupuesto para inteligencia continúa expandiéndose. Con el último incremento, el área alcanzará en 2025 un total de $106 mil millones. Datos incluidos en el anteproyecto de Presupuesto 2026 indican que la SIDE tendrá garantizado un crecimiento nominal del 20,1% para el próximo año, por encima de la inflación proyectada de 10,1%. Los recursos previstos ascenderán a $97 mil millones, aunque podrían nuevamente sumarse refuerzos vía decretos, como ocurrió este año.
La Secretaría, encabezada formalmente por Sergio Neiffert y con fuerte influencia política de Santiago Caputo, arrastra antecedentes recientes que tensaron la relación con el Congreso. En 2024, un decreto asignó al organismo $100 mil millones en gastos reservados, de los cuales se ejecutó rápidamente más de la mitad, y motivó que ambas cámaras rechazaran la ampliación, obligando al Gobierno a revertirla meses después. Con la nueva composición parlamentaria, el oficialismo no prevé enfrentar obstáculos similares.
El crecimiento del área de inteligencia no es el único dentro del Ejecutivo. La Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, también registró incrementos sustanciales. Su presupuesto actual, de $65 mil millones, había recibido en 2024 aumentos que superaron la inflación acumulada. Para 2026, el proyecto enviado al Congreso prevé que su partida alcance los $116 mil millones, lo que representa un incremento nominal del 78,6%.
En este escenario, la coexistencia entre un gasto en inteligencia que continúa expandiéndose y un esquema previsional ajustado se convirtió en uno de los puntos más comentados del cierre del año fiscal. El Gobierno insiste en que la actualización de recursos responde a necesidades operativas de cada área, mientras distintos sectores económicos y sociales remarcan el contraste entre el refuerzo para organismos específicos y el deterioro del poder de compra de los adultos mayores.
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