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En un contexto de fuerte tensión presupuestaria para la salud pública, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA) para financiar la atención médica de aquellos vecinos con domicilio en el distrito capitalino que no cuenten con obra social ni medicina prepaga y que asistan al Hospital de Clínicas. La medida se inserta en la estrategia del ejecutivo local de priorizar el sistema de salud para los residentes de la Capital Federal, acompañada por un plan de inversiones en infraestructura sanitaria.
El acuerdo fue refrendado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el rector de la UBA, Ricardo Gelpi. De la rúbrica también participaron el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, y el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo. Mediante este acta complementaria, las arcas de la Ciudad cubrirán un abanico de prestaciones esenciales que incluyen la guardia general, servicios de diagnóstico por imágenes, hemoterapia, internaciones no programadas, clínica médica, terapia intensiva y unidad coronaria.
Esta articulación entre la gestión local y la universidad se produce en medio de un complejo conflicto por el desfinanciamiento de los hospitales universitarios que enfrenta a las casas de altos estudios con el Gobierno Nacional. Mientras las instituciones académicas alertan sobre el riesgo de parálisis o cierre ante la falta de giros del presupuesto de este año, el Poder Ejecutivo nacional condiciona el envío de partidas a una estricta rendición de cuentas que permita auditar el destino de los fondos públicos.
Por el lado del reclamo universitario, la red hospitalaria de la UBA y otras universidades nacionales advierten que la falta de ejecución de partidas durante los primeros meses del período actual ha generado una crisis crítica. Las autoridades de estos centros señalan que la demora en los flujos operativos complica de forma directa la compra de insumos médicos de primera necesidad, afectando a instituciones de alta complejidad y referencia nacional que de manera conjunta atienden a más de 700.000 personas por año. Cabe destacar que el presupuesto total anual asignado para este sector ronda los 80.000 millones de pesos.
En contraposición, la postura de la administración central, canalizada a través del Ministerio de Capital Humano y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, rechaza las acusaciones de desfinanciamiento. Los funcionarios nacionales sostienen que las transferencias del Estado se encuentran al día y explicaron que han solicitado un informe técnico de necesidades a los rectores universitarios. Según la posición oficial, este requerimiento es un paso previo indispensable para constituir la comisión encargada de distribuir los más de 79.000 millones de pesos que restan devengar del presupuesto general.
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