El planteo del gobierno porteño, siguiendo las tendencias promocionadas desde el ámbito nacional, implica buscar financiar la operación de estas señales con impuestos para pasar a un modelo con gestión e inversión privada.
Así es que dicen que se publicará en el Boletín Oficial la licitación pública para la concesión de la de radio y televisión de la Ciudad. El proceso contempla la administración, gestión, operación y mantenimiento de El Canal de la Ciudad y de las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2×4).
Desde las autoridades porteñas sostienen que esta iniciativa busca “garantizar una gestión profesional, moderna y eficiente de los medios públicos” porteños, “asegurando la continuidad de su función social y cultural”.
Prometen que “las empresas adjudicatarias serán responsables de la totalidad de los aspectos técnicos, operativos y comerciales. Esto incluye la provisión de equipamiento, estudios y personal necesario para la operación, así como la gestión de la identidad institucional del Gobierno de la Ciudad y el cumplimiento de las normativas de seguridad, seguros y el pago de derechos de autor (SADAIC, AADI-CAPIF, entre otros)”.
El plazo de concesión será de cinco años a partir de la firma del acta de inicio de servicio. El monto base total estimado para los 60 meses es de $645.225.000 para la señal de televisión y $73.740.000 para las señales de radio.
La licitación exige garantizar un servicio de calidad, con varios puntos a tener en cuenta. Como que las emisoras deberán transmitir las 24 horas del día, los siete días de la semana. La 2×4 (FM 92.7) deberá mantener su enfoque en el tango (la Ley 228) y además, se deberá asegurar que al menos el 70% de la música emitida sea de origen nacional. Por otro lado “el concesionario deberá proveer sus propios estudios dentro de la ciudad, equipados con tecnología de punta, incluyendo consolas digitales, sistemas de automatización y transmisión con redundancia para evitar cortes”.
Como si fuera poco el Gobierno de la Ciudad “se reservará el derecho de utilizar hasta un 30% de la programación semanal para contenidos institucionales y de interés público”. Además, como parte de la evolución tecnológica, “la empresa ganadora podrá implementar plataformas de streaming y aplicaciones móviles con contenido a demanda, y herramientas de accesibilidad digital como subtitulado automático y transcripciones para personas con discapacidad”.
También hay que tener en cuenta que la “Dirección General de Concesiones y Permisos actuará como autoridad de aplicación y fiscalización contractual, mientras que la Secretaría de Medios ejercerá el control sobre la prestación del servicio y el cumplimiento de las exigencias técnicas”.
Los oferentes deberán acreditar antecedentes empresariales en el sector de medios de comunicación y presentar planes de inversión detallados que aseguren la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión.
