En medio del debate público y la movilización sindical convocada por la CGT, especialistas del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Austral difundieron un análisis técnico sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo nacional. Según señalaron, la iniciativa presenta avances puntuales, pero también límites estructurales que ponen en duda su capacidad para generar un cambio profundo en el sistema de relaciones laborales argentino.
El estudio fue elaborado por los profesores Alejandro González Rossi y Gonzalo Ruiz Díaz, quienes contextualizaron la propuesta en el marco de una Ley de Contrato de Trabajo con más de 50 años de vigencia, diseñada para un modelo productivo industrial, centralizado y con grandes plantillas de personal. “Ese esquema no refleja la dinámica actual, donde predominan empresas más pequeñas, especializadas y con menor dotación de trabajadores”, explicaron.
Los especialistas señalaron que también cambiaron las expectativas de los trabajadores. A diferencia del modelo tradicional de empleo estable hasta la jubilación, sostienen que hoy muchos jóvenes no proyectan toda su vida laboral dentro de una misma empresa, lo que obliga a repensar las reglas que estructuran el vínculo laboral.
Uno de los ejes centrales del proyecto, según el análisis, es la búsqueda de mayor claridad normativa y seguridad jurídica, especialmente en relación con los costos de contratación y desvinculación. En ese sentido, destacaron la propuesta de modificación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula la indemnización por despido sin causa, como un intento de precisar criterios que durante años fueron objeto de debates judiciales.
Sin embargo, los docentes advirtieron que un examen integral del texto muestra un alcance limitado. Consideran que la iniciativa no resulta innovadora en su esencia y que reproduce enfoques de flexibilización centrados en la reducción de los costos de despido, sin contemplar adecuadamente las particularidades del mercado laboral argentino. Compararon, además, el proyecto con modelos internacionales que presentan condiciones estructurales muy distintas, como sistemas de desempleo consolidados o contextos de pleno empleo.
El análisis también señala inconsistencias regulatorias, como la creación de un nuevo fondo que implicaría un costo mensual acumulado para el empleador de hasta un 11% por cada nueva contratación, lo que, a criterio de los especialistas, contradice el objetivo declarado de reducir cargas y simplificar el esquema laboral.
Otro punto crítico es la situación del trabajo no registrado, que, según el informe, no encuentra una solución efectiva en la propuesta. También se cuestiona la regulación de la tercerización, al considerar que podría debilitar la protección del trabajador frente a cadenas de subcontratación.
Los profesores subrayaron que la reforma no puede considerarse integral mientras deje intactos pilares centrales como la negociación colectiva y el esquema de representación sindical y empresarial. Asimismo, plantearon reparos sobre el tratamiento de los intereses en los juicios laborales en un contexto inflacionario y sobre cambios que afectarían el carácter alimentario del salario.
Finalmente, advirtieron sobre la derogación de estatutos específicos, como los del periodista y el viajante de comercio, y de la normativa sobre trabajo a domicilio, al considerar que estas decisiones generan vacíos de protección para modalidades laborales con características propias.
El documento concluye que, para alcanzar los objetivos declarados, será determinante un debate parlamentario amplio, con participación de los actores involucrados, y una interpretación judicial que contemple el conjunto del marco normativo vigente y la realidad económica del país.
