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Tras meses de debate en el Consejo Consultivo de la Comuna 15, la iniciativa busca transformar estructuralmente el asentamiento nacido en la crisis de 2001. El texto propone un plan integral de vivienda, infraestructura y regularización dominial, aunque enfrenta un escenario político complejo en la Legislatura porteña.
El proceso para la transformación estructural del barrio La Carbonilla ha alcanzado un hito institucional decisivo. Luego de un extenso proceso de discusión que tuvo un fuerte impulso en septiembre de 2025 en el marco del Consejo Consultivo de la Comuna 15, quedó formalizado el nuevo proyecto de ley que busca la reurbanización, integración social y gestión participativa de este asentamiento histórico de la Ciudad de Buenos Aires. El documento parlamentario persigue de forma integral la inclusión social, urbana, ambiental y cultural de la zona mediante una zonificación específica, con el fin de garantizar el derecho a la ciudad y la permanencia definitiva de sus habitantes.
A pesar de la formalización del texto, la iniciativa inicia ahora un camino legislativo que se anticipa sumamente complejo. El escenario político actual en territorio porteño muestra un cambio de rumbo respecto a períodos anteriores; la gestión liderada por Jorge Macri ha tomado distancia de las políticas de hábitat implementadas por Horacio Rodríguez Larreta, llegando incluso a cuestionar el rol y el fortalecimiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y las metodologías de intervención en barrios populares. Este posicionamiento aleja la posibilidad de que el oficialismo local asuma el proyecto como propio, a lo que se suma la previsible oposición del bloque de La Libertad Avanza, fuerza que ha manifestado públicamente su intención de disolver el mencionado organismo habitacional. Bajo estas circunstancias, para alcanzar la mayoría necesaria en el recinto, los impulsores de la norma deberán tejer una masa de consensos que una de manera excepcional a los bloques del peronismo, el larretismo, la Unión Cívica Radical y la izquierda.
El núcleo de la propuesta se fundamenta en un abordaje social integral fundado en los principios de igualdad, democracia participativa y no discriminación. El polígono de intervención delimitado para la urbanización se extiende sobre los ejes de avenidas y vías ferroviarias, abarcando desde la Avenida Manuel Ricardo Trelles, siguiendo por las vías del Ferrocarril San Martín en la Avenida Warnes hasta la calle Añasco, e integrando las parcelas catastrales 59-032, 59-031 y 69-092, junto con áreas que carecen de identificación registral. Dentro de este perímetro se proyecta la reconstrucción del deslinde con las zonas destinadas a las operaciones del sistema ferroviario.
Para operativizar el proceso, el proyecto de ley estipula la creación del Plan Integral de Reurbanización (PIRU) y de la Mesa de Gestión Participativa (MGP), este último un espacio clave de toma de decisiones que deberá conformarse en un plazo de quince días tras la sanción de la norma. La Mesa estará integrada por organismos públicos, vecinos, adjudicatarios y representantes institucionales, bajo la coordinación del IVC. Este órgano tendrá reuniones quincenales, asambleas trimestrales abiertas a todo el barrio y la facultad de definir acciones, elaborar reglamentos o solicitar informes, bajo una estricta política de transparencia que obligará a filmar y publicar todas las reuniones en soportes virtuales.
En materia habitacional, la ley prevé la realización de un riguroso diagnóstico físico y social que identifique las necesidades de los comercios, espacios comunitarios y viviendas. Se establece el derecho a una solución habitacional definitiva para todos los hogares asentados de forma anterior a la promulgación de la ley, definiendo el concepto de vivienda adecuada bajo requisitos técnicos estrictos, como contar con un núcleo húmedo y acceso independiente. Asimismo, la planificación contempla proyecciones de crecimiento demográfico a cinco años, reserva un veinte por ciento de las unidades para garantizar la accesibilidad universal y dispone la afectación de inmuebles públicos y privados dentro de un radio de un kilómetro para su readecuación. Las relocalizaciones que resulten indispensables se realizarán exclusivamente dentro del propio barrio, prohibiendo de forma taxativa los desalojos forzosos.
El proceso de regularización dominial requerirá de una articulación directa con el gobierno nacional. El esquema legal prevé que las escrituraciones se realicen únicamente cuando las conexiones a los servicios públicos estén en pleno funcionamiento, resguardando la inembargabilidad de las propiedades y su inscripción automática como Bien de Familia. Para el financiamiento de las adecuaciones edilicias y de las nuevas construcciones, se estipula la implementación de créditos a tasa cero con cuotas proporcionales a los ingresos familiares, excluyendo explícitamente cualquier posibilidad de ejecución hipotecaria por falta de pago. En el plano de la identidad del barrio, se protegerán y recalificarán los inmuebles con valor histórico o simbólico.
La infraestructura y los servicios básicos son otra de las prioridades del texto normativo, exigiendo mejoras sustanciales en las redes de agua, energía eléctrica, desagües, gas natural, alumbrado público y telecomunicaciones. El financiamiento de los trabajos surgirá de partidas presupuestarias asignadas anualmente por el Gobierno de la Ciudad, y todas las obras deberán contar obligatoriamente con una evaluación y certificación de aptitud ambiental. En un radio de quinientos metros se proyecta además la construcción de un jardín maternal —una de las demandas más sensibles de la Comuna 15 debido a la falta histórica de vacantes—, una sala de atención primaria de la salud, un centro verde, y diversos espacios deportivos y culturales, articulando las mejoras con el entorno ferroviario circundante.
Desde la perspectiva del planeamiento urbano, el polígono quedará catalogado como un Distrito de Urbanización Especial. Esto habilitará la apertura de vías públicas preexistentes y la prolongación virtual de calles y pasajes para disolver las barreras físicas y simbólicas con el resto de la trama de la Ciudad, facilitando además el acceso de los servicios de emergencia. Para agilizar la regularización de los planos edilicios en el Distrito U-31, la Subsecretaría de Registros gestionará la mensura y subdivisión de las manzanas, permitiendo el registro de propiedades existentes incluso si sobrepasan la Línea Oficial, y eximiendo a las adecuaciones habitacionales de la presentación previa de planos de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) cuando se encuadren en el régimen de Propiedad Horizontal.
Por otra parte, la ley detalla mecanismos administrativos para la desafectación de inmuebles que pertenecen al Estado Nacional y que se encuentran subutilizados o sin destino útil. De este modo, se incorporan procedimientos vinculados a tierras administradas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en distintas jurisdicciones del país —como La Paternal, Morón, San Martín, Salta y Santa Fe— que dependían de los ministerios de Defensa y del Interior y Transporte, disponiendo su transferencia a la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat en un plazo de notificación de cinco días hábiles para su debida inscripción registral.
Finalmente, el proyecto de ley recupera la historia y las demandas colectivas de un barrio que surgió en el año 2001, en el punto más álgido de la crisis socioeconómica argentina. Con una población estimada hoy de entre cuatro mil y cinco mil habitantes, La Carbonilla ha consolidado una fuerte organización comunitaria y un trazado urbano basado en la autoconstrucción, respetando los ejes de calles y disponiendo de espacios como comedores, sedes religiosas, plazas y playones deportivos. Pese a este desarrollo, la comunidad convive diariamente con deficiencias graves, tales como cortes recurrentes de energía, desbordes cloacales, inundaciones y escasez de agua potable. Por este motivo, la propuesta legislativa es entendida por sus impulsores no como un mero conjunto de obras físicas, sino como un proceso social indispensable para saldar una deuda histórica de inclusión y asegurar condiciones de vida dignas para todo el vecindario.
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