La presidenta del bloque La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, presentó un proyecto de Ley para derogar varios artículos del Código Fiscal y la Ley Tarifaria para reducir los montos de varios impuestos. La legisladora libertaria Lucía Montenegro sumó otro proyecto para dar un “alivio fiscal” a clubes y gimnasios.
En cuanto a esto último, la propuesta busca modificar varios artículos del Código Fiscal con el objetivo de “brindar un alivio, y promover la actividad de gimnasios y clubes deportivos en la Ciudad”. “A tal efecto, se plantea una exención impositiva integral, entendiéndose como la eximición de todos los tributos que afecten a la actividad, incluso de forma indirecta”, fundamenta.
“En la Ciudad de Buenos Aires se encuentran 388 Clubes deportivos, de los cuales, debido a las diversas barreras burocráticas, solo 215 están inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas quedando, por tanto, muchos excluidos de los beneficios establecidos por la Ley 1807/2005”, señaló la legisladora.
Entre otros puntos, propone que «los actos, contratos y operaciones celebrados los Clubes, Gimnasios, canchas de Paddle, Tenis, Futbol5 y/o natatorios, así como entidades deportivas en general» queden exentos del impuesto sobre los Ingresos Brutos.
En tanto, el objetivo del proyecto de Ramírez es obtener “una reducción sustancial de la presión fiscal que recae sobre los porteños hace años, derogando tributos injustificados, mecanismos discrecionales de ajuste impositivo y reduciendo la carga tributaria”.
“En primer lugar, se propone la derogación de los artículos 330, 331, 332 y 339 del Código Fiscal, los cuales conforman el esquema actual del Impuesto a Sellos a la transmisión de bienes inmuebles y buques. Este impuesto recae sobre diversas transacciones inmobiliarias, sin justificación razonable ni contraprestación por parte del Gobierno de la Ciudad, sirviendo como excusa para seguir cargando al contribuyente con impuestos innecesarios. En términos concretos, se trata de un tributo que se entromete en las operaciones entre privados, grava la inversión, desincentiva la actividad inmobiliaria y muchas veces duplica la carga fiscal ya impuesta sobre el patrimonio, en este caso los bienes inmuebles”, indica la defensa.
“No existen razones para que el Gobierno de la Ciudad se apropie de una parte de cada contrato de compraventa que celebran los vecinos, por el contrario, su rol debe ser facilitar la actividad económica, no obstaculizarla. Gravar con impuestos cada transacción inmobiliaria solo genera informalidad, desaliento a la inversión y pérdida de competitividad”, señalan.
“En el mismo sentido, se propone la eliminación de la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC), un coeficiente que permite modificar con carácter general el monto de diversos tributos, bajo el argumento de ajustarlos conforme a las políticas fiscales del Poder Ejecutivo. Sin embargo, su aplicación impacta de manera directa y concreta en el bolsillo de todos los porteños, ya que, por ejemplo, incide en el cálculo final de cuánto se paga de ABL”, se indica.
“Asimismo, el proyecto contempla la reducción a la mitad del Impuesto inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tributo impacta directamente sobre el derecho de propiedad, desincentiva el ahorro en bienes durables y representa una carga permanente sobre un activo que ya ha sido gravado en múltiples etapas”, suma la defensa.
“Este proyecto busca avanzar hacia un régimen tributario más racional y respetuoso de la libertad de los ciudadanos, y eliminar prácticas y figuras que funcionan como meros parches o herramientas discrecionales para aumentar la recaudación”, finalizó LLA.
Juan Castro